Los 28 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluido su presidente, Armando Bermeo y tres conjueces, cumplieron la obligación que se impusieron el 26 de agosto y presentaron ante la Contraloría su declaración juramentada de bienes. Según los informes del organismo de control, el último en entregar la declaración (la mañana de ayer) fue Galo Pico.

Con los documentos, el contralor (e), Genaro Peña, dijo que procederá a revisar las declaraciones, para y en caso de ser necesario, efectuar verificaciones preliminares, tal como ocurrió en el caso del magistrado Eduardo Brito Mieles.

Peña indicó que luego de las denuncias públicas de presunta corrupción en contra de varios miembros de la CSJ, emitió una orden de trabajo en la que dispone a la Dirección de Auditoría 1, proceda a la verificación preliminar de las declaraciones de bienes patrimoniales del ministro Brito.

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Si las verificaciones determinan un incremento injustificado de patrimonio, la Contraloría iniciará exámenes especiales para determinar presunciones de responsabilidad por enriquecimiento ilícito, dijo Peña.

En la mañana, desde sus oficinas en la CSJ, los magistrados Galo Pico y Teodoro Coello confirmaron la entrega de las declaraciones patrimoniales de ellos y de sus colegas. No obstante, Pico se negó a proporcionar copias del documento, para prevenir robos y posibles amenazas de secuestro, según explicó a este Diario.

Tras indicar que la CSJ no revisará o verificará la presentación de estos documentos, por tratarse de un acto de buena fe, el presidente de la Corte, Armando Bermeo, confirmó que su declaración fue entregada la tarde del lunes.

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La actualización de estos documentos no fue obligatoria, era un compromiso moral, dijo Bermeo.

Esta posición fue compartida por Peña, quien agregó que de haberse registrado algún magistrado que no hubiera entregado su declaración, no habría ninguna posibilidad de sancionarlo.

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La presentación de las declaraciones patrimoniales, para los magistrados de la CSJ, fue incluida en la Ley Orgánica de la Contraloría (artículo 31, numeral nueve) y en la ley que regula las declaraciones patrimoniales juramentadas.

INFORMES
MINISTROS

Según los datos de la Contraloría, dos de los quince ministros de Estado no entregaron su declaración patrimonial a la Contraloría. Ellos son Ermel Fiallo, de Vivienda, y Martha Vallejo, de Trabajo.

FUNCIONARIOS
Según la misma fuente, la Contraloría procesó más de 15 mil declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, presentadas al inicio y al final de su gestión.
GLOSAS
La Contraloría también aprobó 191 informes con indicios de responsabilidad penal, así como 1.684 glosas por 19 millones de dólares y 780 resoluciones confirmatorias de glosas por 145 millones de dólares. Además se supervisan e impulsan 2.123 juicios.