El Congreso de Perú aprobó el miércoles el informe de una comisión investigadora que sostiene que el ex presidente Alberto Fujimori pudo haber violado derechos humanos por el intento de asesinato contra su ex cónyuge, la actual parlamentaria Susana Higuchi.
Sin embargo, las investigaciones, por carecer de pruebas confirmatorias, no acusaciones constitucionales ni penales de la Asamblea Nacional contra el ex Presidente.
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"El ex Presidente dispuso y consintió que (Higuchi) fuese secuestrada, acosada, perseguida y torturada", concluye la comisión presidida por el legislador Mauricio Mulder, que admite, empero, que fue imposible profundizar las investigaciones en este caso, que habría ocurrido durante el gobierno de Fujimori (1990-2000).
Por amplia votación de 68 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, la asamblea aprobó derivar esta acusación a la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, que actualmente investiga violaciones a los derechos humanos en Perú entre 1980 y 2000.
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También se sugiere que la Comisión de DDHH del Congreso prosiga las indagaciones del tema, considerando que Fujimori, tras renunciar a su tercer mandato desde Japón, en noviembre de 2000, vive en ese país al amparo de su doble nacionalidad.
Fujimori e Higuchi se divorciaron a mediados de la década pasada en medio de acusaciones de la entonces Primera Dama de que, en varias oportunidades, fue encerrada bajo candado en Palacio de Gobierno por orden del mandatario, al que señaló también como causante de supuestas heridas en su cuerpo a causa de torturas.
La misma comisión investigó, en paralelo, el uso del avión presidencial en el régimen de Fujimori para trasladar droga y contrabando, según revelaciones hechas en el segundo gobierno del ex mandatario (1995-2000), y que merecieron condenas a técnicos y personal de tropa de la Fuerza Aérea del Perú.
"Existen indicios razonables de que Alberto Fujimori no podía desconocer una práctica que, según testimonios, era casi habitual para el traslado de droga y contrabando", y "es pertinente suponer que difícilmente pueda haber (el ex Presidente) permanecido sin recibir un informe de dichos ilícitos", señala el informe de la comisión.