La denuncia, que fue rechazada por la Presidencia de México argumentando que no existen pruebas del delito, apunta al presunto uso de un software de espionaje que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y narcotraficantes.
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La alerta se generó tras la publicación de un reporte de la central de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
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