En los últimos días, más que nunca hemos hablado de la corrupción y de la necesidad de luchar contra ella, lo decimos en las tertulias familiares, en los encuentros de amigos, en los ambientes de trabajo y, por supuesto, ha aparecido en todos los discursos políticos junto a la promesa de vencerla y sancionarla “caiga quien caiga”.
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Un juez de garantías penales, a pedido de la fiscal de la Unidad de Lucha contra la Corrupción, declaró reservado el expediente judicial del caso que se sigue a Ricardo Rivera por supuesta asociación ilícita, que permitió el pago de la empresa Odebrecht a funcionarios ecuatorianos para recibir contratos del Estado.
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La querella planteada por el expresidente Rafael Correa contra el periodista Martín Pallares y por la que podría ser condenado con la privación de libertad de quince a treinta días, (COIP, art. 396, numeral 1), evidencia que ese cuerpo legal mantiene –en forma disfrazada– la penalización de las injurias, aunque no se las mencione como tal. La indicada norma punitiva establece la sanción a “…La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra...”.
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La Corte Suprema de Estados Unidos limitó el jueves el poder del gobierno para revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes por mentir durante el proceso de naturalización.
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Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge Glas y uno de los seis procesados por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, pide que se revoque la declaratoria de “reserva para terceros” que el juez Patricio Baño ordenó dentro de la causa en la que existe una instrucción fiscal desde el 3 de junio.
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