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Es importante que se explique a la ciudadanía las implicaciones de declaratorias que pueden resultarles nuevas...
Después de 21 años, un exoficial de la Armada, Julio Viteri, obtiene una sentencia internacional a su favor, que sienta precedente para Ecuador.
El 6 de octubre pasado, la Corte Constitucional resolvió destituirlo por incumplir el dictamen con el que se blindaron las actuaciones del CPCCS transitorio.
La justicia no debe ser botín de ningún partido. Es claro que hay una tradición de quererla dominar.
Tras doce años de incumplirse un fallo de la Corte Interamericana, la CC ecuatoriana ordena medidas de reparación. Pidió investigar a los responsables.
Fujimori cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.
Está pendiente la creación de medidas legales para evitar la repetición de estos hechos, señala el informe del organismo.
La Cantuta y Barrios Altos son los dos casos de abusos a los derechos humanos por los cuales Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel.
Habitantes habrían divisado una nueva «familia»: los kugairi. El Ministerio de la Mujer «no cuenta con registros de otros grupos indígenas en aislamiento».
El organismo determinó que se cometieron una serie de violaciones a los derechos de Carlos Aguinaga cuando el Congreso Nacional lo cesó de su cargo en el 2004.
El presidente Lasso puede argüir asimismo que los instrumentos del Sistema Interamericano, leídos en contexto con la Carta Democrática Interamericana.
En la sentencia, la Corte determinó para el ex vocal de la función electoral medidas de reparación, entre ellas el pago de una compensación económica.
Legislador dijo que en EE. UU. hay acciones por difamación y ciberbullying en su contra y la de Christian Zurita y en Ecuador contra diario Expreso y Ecuavisa.
El Estado deberá pagar una indemnización de 31.000 dólares a la víctima por concepto de daños materiales e inmateriales.
La sentencia determinó también que existió falta de investigación adecuada de las muertes ocurridas en 1997 en Guayaquil en manos de agentes estatales.
Falta de atención y enfermedades son varias de las denuncias.
El exvocal fue removido en noviembre del 2004 por una resolución del Congreso Nacional. Aguinaga dijo que su destitución fue para tomarse las cortes del país.
La sentencia determinó que en operativo de la Armada realizado el 8 de diciembre de 1999 hubo uso excesivo de la fuerza letal por parte de agentes estatales.
En septiembre el Gobierno y organizaciones sociales deben presentar sus alegatos por escrito a la Corte IDH en el caso Tagaeri-Taromenane.
El Ejecutivo reconoció "la importancia de los pueblos y de las comunidades indígenas, y en este caso de los pueblos no contactados".