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Si el Ecuador quiere atraer la inversión que tanto necesita para generar recursos y empleo, es necesario derogar esa prohibición constitucional.
Me parece que ha hecho bien el presidente de la República al incluir una pregunta en apoyo del arbitraje internacional.
En base a resultados de la encuesta de intención de voto publicada por el consultor Álvaro Marchante Carrero, director de Comunicaliza.
Alrededor de quince colectivos sociales se han unido para rechazar la propuesta del presidente Daniel Noboa, entre estos la Udapt.
El arbitraje internacional como instrumento va a ayudar a las empresas para que le den la seguridad jurídica necesaria, resalta el especialista.
El gobierno de Daniel Noboa asegura que su planteamiento “no menoscaba la soberanía nacional ni altera la estructura fundamental".
En el segundo paquete de preguntas se incluye la pregunta 7, que busca el respaldo ciudadano para sustituir el artículo 422 de la Constitución.
El proceso se inició en 2019. La empresa estadounidense pretendía que el Estado le pague $ 198 millones.
El problema tiene origen en problemas de pagos de Petroamazonas a la subsidiaria de Sinopec en tres campos amazónicos.
En la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile se presentó la apelación el 29 de agosto pasado. Aún no hay pronunciamiento de ese ente.
La posibilidad de delegar la operación y mantenimiento de la central otra vez a China quedó en pausa luego de las acciones de la Fiscalía en el caso.
El ministro Fernando Santos Alvite aseguró que el 31 de diciembre los campos 16 y 67 retornarán al Estado y Petroecuador los manejará temporalmente.
Ecuador terminará pagando $ 351 millones, luego de catorce años de litigio, tras el cambio de reglas originado en los gobiernos de Palacio y de Correa.
Cartera de Estado respondió a la intención de New Stratus-Petrolia que ha advertido con iniciar una demanda arbitral en contra de Ecuador.
Algunos miembros de la nacionalidad waorani (NAWE) se dieron cita en los bajos del Ministerio de Energía para respaldar a Petrolia.
En una comunicación oficial, el Ministerio aclara a la empresa privada que el proceso de traspaso de acciones sí requiere un acuerdo ministerial.
Hay polémica entre el Gobierno -que a pocas semanas de que finalice el contrato ha pedido verificar los activos que se reversarían- y Petrolia, que se niega.
Una polémica se acaba de desatar tras la decisión del Estado de reversar el contrato cuyo plazo vence el 31 de diciembre del 2022.
Celec confirmó que hay un proceso de arbitraje en contra de Sinohydro y uno de mediación con la empresa fiscalizadora del contrato.
Solo tres votos, de nueve posibles, recibió informe de fiscalización que recomendaba no recibir la obra por sus fallas. Se abstuvo María Belén Cordero, de CREO.