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La Asamblea Nacional ofreció su respaldo a la Policía y Fuerzas Armadas para que actúe contra los grupos delictivos, considerados 'terroristas'.
Miércoles 22 de noviembre.
La solicitud de amnistía se presentó en enero de 2023 y se tramita en la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por la legisladora Paola Cabezas.
Señaló que no forma parte "de la agenda de trabajo consensuada con otras bancadas".
En la comisión RC tiene tres delegados, Construye dos, uno ADN, al igual que Gente Buena y un independiente.
La fecha tope para la investidura de Pedro Sánchez es el 27 de noviembre y si no se logra habrá repetición electoral, en enero del año que viene.
A través del Decreto Ejecutivo 753 se establece el procedimiento y requisitos para la regularización.
La Asociación de Generales de la Policía Nacional presentó la iniciativa y en el Legislativo les indicaron que se trataba de un reclamo político.
Al no tener amnistía por parte de la Asamblea Nacional, los procesos penales derivados del paro del 2019 siguen en firme.
Son cinco las personas que no pueden acceder a la amnistía, entre ellos, el dirigente laboral Mesías Tatamuez; se necesitan 92 votos para ratificarse.
¿Qué están haciendo por el pueblo?, nada. Hay que impedir que continúen utilizando la Asamblea Nacional para protervos intereses políticos.
En 2019 el excanciller del correísmo Ricardo Patiño fue llamado a juicio, pero la etapa de juzgamiento quedó suspendida al estar él fuera del Ecuador.
El análisis y presentación del informe sobre el pedido de amnistía está a cargo de la Comisión de Garantías Constitucionales, donde el correísmo tiene mayoría.
El Informe de Amnistías fue aprobado en marzo pasado por votos de las bancadas de UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática, parte del BAN e independientes.
En este país, poco falta para felicitar y aplaudir de pie el vandalismo. El precedente de marzo es nefasto y el de la jueza es difícil de creer.
No debemos ser ciegos ante la corrupción, exijamos que se cumpla la ley, Constitución.
La opinión pública deja en evidencia la mediocridad de los actuantes (de la Asamblea) y mina su apoyo popular.
El paro nacional convocado por organizaciones sociales e indígenas lleva dieciséis días de vigencia y busca la aprobación de diez puntos planteados.
El Gobierno debe sancionar a los manifestantes que han encontrado en la Asamblea protección y amnistía a sus delitos.
Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional, es el juez ponente en las acciones presentadas por grupos de ciudadanos.