Seis allanamientos en Quito y en los valles cercanos llevaron a la detención de tres exfuncionarios públicos, a quienes se investiga como posibles integrantes de una presunta red dedicada al tráfico de influencias para conseguir contratos del sector público. Se investiga su probable intervención en la negociación de compra de medicamentos para los hospitales y otras instituciones del Estado.

La documentación encontrada permitió descubrir que la red cobraba entre el 3% y el 20% del contrato tramitado. También se conoce que utilizaba información confidencial para influenciar en la obtención de los contratos o que bloqueaba a las empresas que legítimamente ganaban las adjudicaciones.

Se dirá que tráfico de influencias ha habido siempre, pero eso no significa que esté bien y debamos aceptarlo, lo que corresponde es lo que se está haciendo.

El combate a la corrupción es una obligación de gobernantes y ciudadanos, que debe practicarse siempre, sin importar la coyuntura política que estemos viviendo y, por supuesto, sin utilizarlo para otros fines que no sean los de lograr un manejo ético de los fondos públicos. (O)