Son varias las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República que me han llamado la atención. Entre las más coherentes está una que sostienen varios candidatos que está relacionada con la derogación de varios impuestos, con el objeto de bajar los costos de producción y por ende los precios de los productos finales, lo que se traduciría en que los negocios incrementen sus volúmenes de venta y además que el consumidor pueda con el mismo sueldo adquirir más bienes y servicios. Es más, sostienen que el aumento del consumo y por ende de las ventas incentivará la creación de nuevos empleos, lo que redundará en crecimiento económico y por ende mayor recaudación estatal. Otra propuesta interesante, por ejemplo, viene del sector de las cámaras de la producción, que exigen la necesidad de transparentar las estadísticas macroeconómicas y las cuentas fiscales para poder llegar a tener un diagnóstico de la condición real de la economía ecuatoriana y sobre la base de esta información poder tomar las mejores decisiones en bien del país, por ejemplo, nunca más permitir que el IESS vuelva a financiar cualquier operación del Estado a costa de nuestros aportes. Finalmente, se ha venido sosteniendo por parte de varios candidatos la urgente necesidad de ajustar y por ende manejar adecuadamente el gasto, por ejemplo, en el rubro de empleados públicos. En la actualidad existirían alrededor de 600.000 empleados ubicados en 11 secretarías, 7 ministerios coordinadores, 22 ministerios de Estado, superintendencias y demás instituciones públicas. Esto sin lugar a dudas debe cambiar.

Sin embargo, en el ámbito de la descentralización y de las autonomías poco se ha escuchado por parte de los candidatos. Más allá de manifestar que harán respetar el pago mensual de forma puntual de los valores que les corresponde recibir a los GAD por parte del Gobierno central, aún nada se ha escuchado respecto de qué se va a hacer con este Estado obeso y centralista que acapara todas las competencias, y que ejerce y quiere ejercer a la fuerza todas las rectorías. Sin duda debe proponerse un cambio de paradigma, pero claro, no como el planteado, por ejemplo, hace pocos días por Josep Rull, ministro de Territorio de Cataluña, quien a propósito de la Conferencia Hábitat III sostuvo que ellos anhelan que Cataluña se independice de España a pesar de que el Tribunal Constitucional Español que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, negó cualquier tipo de posibilidad de que Cataluña puede considerarse como una nación. En este sentido, la solución que proponemos nosotros es diferente y dentro del marco constitucional. Creemos que debería sugerirse por parte de los candidatos presidenciales una reforma a la Constitución que derogue este sistema perverso de absorción de todos los ámbitos competenciales, en todas las esferas y niveles de gobierno.

Han llegado las horas de las definiciones, señores candidatos. Dígannos de una buena vez si quieren seguir viviendo bajo el sistema opresor de un Estado centralista o si consideran que ha llegado el momento de pensar, por ejemplo, en la creación de un Estado federal en donde las autonomías puedan verdaderamente desarrollarse, privilegiando la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas a los niveles de gobierno más cercanos a la población. (O)