Muchos afirman en Colombia que el presidente Santos, actualmente criticado por lograr el convenio de paz con las FARC, en un futuro será objeto “de agradecimientos y admiración”.

Muchos votarán SÍ en el referéndum ratificatorio del convenio con esa organización guerrillera. La más numerosa, con grandes recursos económicos y políticos de apoyo, que le permitieron mantenerse con presencia activa y control territorial por más de 50 años en Colombia y hasta en suelo ecuatoriano (confirmada con el ataque militar colombiano el 2008 en Angostura).

Lo que resuelva el pueblo colombiano constituirá una riesgosa apuesta para restaurar la paz, en un contexto que no responde totalmente a la racionalidad, en medio de muchas preguntas sin responder y respuestas que no convencen.

Así, discrepo con el periodista británico John Carlin –estudioso de conflictos mundiales–, quien sustenta la necesidad de la aprobación del convenio, como ejemplo de racionalidad y cordura del pueblo colombiano. Para Carlin, votar NO es “traicionar a los vivos y a los que están por nacer” (revista Semana). ¿Pero cómo coincidir con esa conclusión de legitimidad si en diciembre pasado, en Cuba, la contradijo Iván Márquez, el número 2 de las FARC? En efecto, sostuvo: “El plebiscito es un mecanismo de refrendación muy débil, no tiene fuerza vinculante, el plebiscito es algo parecido a un aplauso nada más, no tiene fuerza normativa. Además, tiene un problema y es que le han rebajado sustancialmente el umbral, el número de votos necesarios para que pueda ser aprobado...”.

En tanto, periodistas colombianos si bien reconocen que el desarme de las FARC aliviará el conflicto, anticipan que el ELN y bandas criminales ocuparán sus zonas.

Adicionalmente, con las recientes declaraciones del fiscal general de la nación, Humberto Martínez, surge otro importante motivo de duda sobre la desmovilización de las FARC. Es que advirtió que las FARC “deben presentar bienes antes del plebiscito”. Es decir, antes de la votación del próximo domingo 2 de octubre, pues “si la Fiscalía detecta la existencia de bienes por parte de ese grupo armado al margen de la ley, se realizarán los respectivos operativos de extinción de dominio, porque se configuraría el delito de lavado de activos dentro de la jurisdicción ordinaria”. Aclarando así, que el patrimonio acumulado durante el conflicto no está legalizado por el convenio y “será objeto de investigación, acusación y condena únicamente por parte de la jurisdicción ordinaria, con sujeción al régimen de penas y de procedimiento ordinario, y no al sistema especial de justicia transicional al que tienen derecho (las FARC) por haber suscrito la paz”.

Es de presumir que el final del conflicto no ha llegado. Y, lo queramos o no, los resultados del domingo nos afectarán en materia de seguridad. De ahí que no es aconsejable disminuir gastos militares en la frontera.

Si es dudosa la total desmovilización y entrega de armas de los miembros de las FARC, y total el abandono de sus actividades ilícitas, entonces es de esperar que continuarán en las zonas fronterizas. Con o sin el actual control jerárquico de la organización, fraccionados y tomando posesión territorial con aspiraciones de captar el caciquil poder político –como lo lograron en Colombia–, ahora con la ventaja de los recursos económicos acumulados. (O)