No cabe duda de que el acceso y uso a productos y servicios financieros por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como de parte de las personas excluidas de estos servicios, contribuye a su desarrollo y mejora de sus ingresos, permitiendo que puedan invertir sus recursos en un número mayor y mejor de activos fijos y/o educación.

Conforme el Economist Intelligence Unit en su reporte 
Microscopio Global 2015 sobre el Entorno para la Inclusión
 Financiera, indica que a partir de doce indicadores en 55
 países, Perú lidera el ranking durante ocho años, debido al trabajo coordinado de los sectores público y privado, guiados por la estrategia nacional de 
inclusión financiera, plasmada en políticas y regulaciones que incentivan este proceso. Según el citado estudio, Perú se destaca porque alcanzó un puntaje global alto de 90 y un ranking de 1, obteniendo en siete de los doce indicadores de Inclusión Financiera 100, enfatizando el avance en regulación y supervisión para promover la inclusión financiera, mejorar los requisitos para entidades de crédito no reguladas, regulación prudencial, sistemas de información crediticia, mecanismos de reclamación y resolución de controversias y, avances regulatorios en seguros dirigidos a poblaciones de bajos ingresos, pagos electrónicos, y disminuir el riesgo de la cartera de crédito.

Según el citado reporte, Ecuador ha incluido desde 2008 la importancia de los procesos de inclusión financiera desde las reformas constitucionales, principalmente con los stakeholders del segmento de las microfinanzas, cooperativas del sector real y de ahorro y crédito y, en general, actores del sector denominado de la economía popular y solidaria. Según Microscopio Global 2015, Ecuador obtiene un puntaje 51/100 y un ranking de 20, obteniendo en seis de los doce indicadores de Inclusión un puntaje más bajo que el promedio de los países analizados en capacidad de regulación y supervisión para la inclusión financiera, normas sobre los riesgos de la cartera de crédito, avances regulatorios en seguros dirigidos a poblaciones de bajos ingresos, requisitos para las instituciones financieras no reguladas, mecanismos de reclamación y resolución de controversias y políticas de estabilidad.

La inclusión financiera es una herramienta central que contribuye a promover el crecimiento y el desarrollo económico, a través de mejorar las circunstancias económicas para las mipymes y personas de bajos ingresos, por tanto es aconsejable, más aún en la coyuntura actual en la cual el Gobierno Nacional y quienes postulan a estos puestos deberían priorizar el fortalecimiento de una estrategia nacional de inclusión financiera que impulse el desarrollo del sector financiero, identificando metas y actividades específicas con el objetivo de incrementar el acceso y uso de los ecuatorianos a servicios y productos financieros de calidad, teniendo en cuenta al menos los siguientes elementos principales: pagos, ahorros, financiamiento, seguros y microseguros (asunto que adquiere mayor relevancia luego del reciente terremoto donde los menos protegidos fueron las personas de bajos ingresos, los excluidos del sector financiero), protección al consumidor, educación financiera y grupos vulnerables, para contribuir a mejorar el empleo, ingresos y calidad de vida de los ecuatorianos. (O)