Objeciones a la forma en que el presidente Rafael Correa rindió cuentas de su mandato

QUITO.- El informe presentado por el presidente Rafael Correa, el pasado viernes, no solo se rigió a la gestión de gobierno durante el último año.

A lo largo de más de cuatro horas, el jefe de Estado y sus ministros resaltaron la gran cantidad de recursos invertidos en todas las áreas en comparación a gobiernos anteriores y en destacar los avances en obras y proyectos emprendidos en los cinco años de gestión.

Además, analizaron temas de coyuntura como la supuesta falsificación de firmas en las organizaciones políticas y la actuación de la oposición.

Para actores políticos no oficialistas, el informe a la nación del 2012 incumplió el numeral 7 del artículo 147 de la Constitución, que establece que entre sus funciones está la de “presentar anualmente a la Asamblea, el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el Gobierno se propone alcanzar durante el año siguiente”.

El asambleísta Francisco Ulloa (MPD) aseguró que el objetivo de este acto es analizar los avances de varios proyectos y programas impulsados por el Ejecutivo con base a este plan y no compararlos con la gestión de otros mandatarios.

Puntualizó que el mandatario debe explicar las metas para el próximo año, mediante los presupuestos existentes y no hablar de temas de coyuntura que evidencian que no es un estadista y vive en permanente campaña electoral.

Ulloa también precisó que la disposición constitucional determina que es el presidente de la República, quien debe dar su informe y no los secretarios de Estado. “Esto es una falta de respeto al pueblo”, dijo

A juicio del asambleísta Enrique Herrería (antes de MG) no es la primera vez que el primer mandatario viola la Constitución al realizar un informe comparando con datos de gobiernos anteriores y abordando temas políticos que normalmente son tratados en los enlaces sabatinos.

Sin embargo, la mayor preocupación de Herrería es la manipulación que, a su criterio, se está haciendo con las cifras.

Criticó que se hable de reducción de la pobreza en personas que perciben $ 70 mensuales cuando la canasta básica está en $ 600 y una baja de desempleo cuando el índice de subempleo se incrementó.

En cambio, según la legisladora Marisol Peñafiel (AP), Correa sí cumple con su obligación de informar la aplicación del Plan Nacional del Buen Vivir en temas como la reducción de la pobreza y la inversión en salud y educación, con base a estadísticas internas y de organizaciones internacionales.

“La participación de los ministros es una demostración de que no solo una persona ostenta el poder, sino que este es un régimen descentralizado con un modelo de Estado distinto que entrega facultades a sus funcionarios”, aseveró.

En tanto, Herrería y Ulloa coincidieron en que la Asamblea debe debatir el informe del primer mandatario, a través de la conformación de una comisión multipartidista.

Herrería responsabilizó al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), de dilatar esta obligación constitucional porque en una discusión se pondrán en evidencia “las mentiras de estos informes”.

Peñafiel advirtió que existe en el país una “oposición ciega” a la que le “apesta” todo lo que provenga de Correa.