Adultos mayores piden ley reformista

María Hidalgo (66 años), quien padece de diabetes, afirma que hace meses sufrió maltrato institucional en una casa de salud, al tener que esperar varias horas en ayunas por una atención médica que era programada.

Mientras que Carmen Gutiérrez cuenta que es víctima de maltrato por parte de sus vecinos, quienes han intentado apropiarse de su terreno en el bloque 10 de Bastión Popular.

En cambio, Manuel Saltos (77 años), de Puerto Lisa, asegura que ha tenido problemas para tomar buses, ya que no se respeta el cobro del 50% al ser un adulto mayor. Así son decenas las quejas como el irrespeto de valores al adquirir una entrada al estadio o un medicamento.

Ellos son parte de la campaña Adultos Mayores Demandan Acción (ADA), que la semana pasada convocó a un debate sobre los cambios en el proyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral y Atención Prioritaria de los Adultos Mayores, que reposa en la Asamblea.

“Hay que decirles (a las autoridades) que no es un derecho que nos están dando, es algo implícito y que están en deuda (con los adultos mayores)”, dijo la concurrente, Piedad Pombo.

Este debate coincide con el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se recuerda mañana. A la reunión asistieron delegados de clubes de adultos mayores, en la que dieron sus propuestas, reflexionaron, contaron anécdotas y plantearon sus necesidades actuales en una sociedad que no los protege como ellos creen que debería.

Entre los puntos que acordaron incluir están las sanciones económicas al incumplimiento de sus derechos constitucionales en caso de maltrato institucional o familiar, inclusión con participación directa en los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados.

También creen que se deberían impulsar los derechos económicos y laborales (entrega de pensión jubilar universal); ampliación a 6 meses para la propuesta final de la ley e inclusión en la seguridad social para padres de los afiliados al IESS.

En el encuentro se eligió a los representantes de Guayas, quienes desde ayer están en la capital para conseguir el apoyo de las instituciones estatales. Los acompañan miembros de Helpage International, Participación Social para el Desarrollo Humano (Pasodehu) y la Red Nacional de Personas Mayores del Ecuador (Renpermae), que impulsan la campaña ADA.

Además se preveía la participación de delegados de las provincias de Esmeraldas, Chimborazo, Tungurahua y Bolívar.

“Se iba a aprobar una ley muy simplista que lo único que hacía era cambiar los términos, pero no recoge los derechos constitucionales, no había sido difundida”, señaló la presidenta de Renpermae, Rosa Azúa.

La dirigente asegura que el 5 de junio enviaron una carta a la Asamblea con sus recomendaciones sobre el proyecto de ley, las cuales fueron acogidas para incluir los criterios expuestos.

Azúa destacó que en el país hay maltrato doméstico al descuidar al adulto mayor y abuso económico en sus ingresos.

El coordinador de Pasodehu, Giovanni Salinas, sostuvo que la actual Ley del Anciano data de 1991, por lo que es un momento trascendental por la necesidad de actualizar su contexto, acorde con la nueva Constitución.

Salinas dijo que menos del 20% de adultos mayores del país accede a jubilación. Además que el grupo etario no puede tener actividades económicas ni ser sujetos de crédito, pese a que muchos continúan trabajando como campesinos.

El vocero de Helpage, Fernando Terán, contó que solicitaron información al Municipio de Guayaquil sobre su presupuesto en el 2011 para adultos mayores y se incluían rubros como plan ambiental, salud, seguridad, alimentos, fumigación y desratización. “Pregunto ¿cuál es la acción concreta en Más Seguridad que se da a los adultos mayores?”, cuestionó.

En el art. 36 de la Constitución se establece que los adultos mayores (desde 65 años) deberán recibir atención prioritaria, mientras que en el art. 37 se establecen todos sus derechos.

En el art. 249 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), se señala que los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados no se aprobarán si no se asigna al menos el 10% de sus ingresos no tributarios para programas sociales en grupos de atención prioritaria.

Según información de la página web del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), basada en el Censo de población y vivienda del 2010, en el país hay unas 940.905 personas de 65 años o más, equivalente al 6,5% de la población.

Los indicadores de la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE), estudio hecho por el Estado, indica que la población de 65 años y más llegaría en el 2025 a 1’591.000 y en el 2050 a 3’294.000 personas.

La presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos e Interculturales de la Asamblea Nacional, Lourdes Tibán, afirmó que la intención era aprobar la ley, pero se decidió pedir 60 días más para recibir más aportes de agrupaciones.

“Lo que queremos es que la ley sea aplicable para efectivizar la Constitución, por ejemplo la atención prioritaria en exoneración o rebajas de impuestos, eso hay que ponerlo identificando qué institución lo va a implementar”, afirmó.

La legisladora añadió que la ley se articulará para que los hijos se responsabilicen por sus padres y no a la inversa, como pasa con las pensiones alimenticias incumplidas a nietos.

Los representantes mantuvieron ayer reuniones en la Asamblea, Fiscalía del Estado y Ministerio Coordinador de la Política. Mientras que mañana se prevé un encuentro en la Corte Nacional de Justicia.

La delegada provincial de la Defensoría del Pueblo, María José Fernández, señaló que el maltrato o violencia tiene un agravante cuando se trata de adultos mayores, por lo que intenta activar una gestión para solucionar el conflicto.

La institución indicó que en el 2011 en Guayas recibió unas 25 denuncias por afectación física y psicológica a adultos mayores. También reciben un promedio de tres consultas diarias sobre jubilación y montepío.