El debate al que he sido convocado, junto con los expresidentes Carlos Mesa y Ernesto Samper, por la Universidad de las Américas (UDLA) y la Red el Foro de Biarritz, se titula ‘América Latina: dos modelos, una sola región, dos sistemas’. Con este epígrafe los organizadores han querido llamar la atención sobre el curioso hecho de que mientras la mayor parte de los países de América Latina avanzan por los modernos senderos de la democracia y del mercado, cuatro se hallen empeñados en resucitar formas disimuladas de dictadura y un modelo económico abandonado por casi todos los estados de Asia, Europa y África que en el pasado siglo lo aplicaron.

En vista de que no debo cansar al auditorio con una larga exposición, me limitaré a examinar sumariamente la forma en que la democracia ecuatoriana paulatinamente se ha ido convirtiendo en una dictadura, durante el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado.

El concepto de democracia

La democracia además de un concepto es un conjunto de instituciones diseñadas para que los seres humanos puedan vivir en libertad, ejercer sus derechos y participar en la vida pública de los estados. En el sistema democrático las autoridades son elegidas por los ciudadanos en comicios periódicos, libres y competitivos y ejercen sus funciones sometidas a la Constitución y las leyes; el poder se halla dividido en funciones y sujeto a controles para evitar los abusos a los que es proclive; la justicia es independiente y actúa al margen de intereses económicos y políticos; están plenamente garantizadas las libertades y los derechos de los individuos y de las organizaciones que conforman; las autoridades rinden cuentas de sus actos al pueblo y a sus representantes; gracias al pluralismo puede expresarse la diversidad ideológica, política, social y económica de las sociedades y la alternancia permite que partidos y líderes de diversas orientaciones se sucedan en el gobierno de los estados.

Bajo el alero de una democracia de estas características se desarrollaron los países de Europa y Norteamérica en los siglos XIX y XX, camino que en el siglo XXI comienzan a recorrer naciones de Asia, África y América Latina. El hecho de que Estados Unidos tenga la más antigua e ininterrumpida democracia, mucho tiene que ver con su prodigioso progreso. La democracia hizo posible la reconstrucción del Japón y de los países europeos asolados por el fascismo, el nazismo y la guerra, así como los milagros económicos de Italia, España, Irlanda y hoy de Chile. En el segundo país más poblado del mundo, afectado por una pobreza extrema, gobierna la antigua y exitosa democracia hindú. Los países latinoamericanos con los más bajos índices de corrupción –Chile, Uruguay y Costa Rica– están gobernados por las más estables democracias del continente. En todas las regiones del mundo las naciones más adelantadas son las que más años de democracia han disfrutado y las más atrasadas las que por mucho tiempo estuvieron gobernadas por dictaduras. Estas lecciones de la historia han llevado a que en el siglo XXI las dos terceras partes de la humanidad se encuentren protegidas por las instituciones democráticas, con la notable excepción de China, único país que a pesar de no contar con ellas está saliendo del atraso, pero que algún día requerirá de la democracia para convertirse en una sociedad verdaderamente moderna.

La trágica experiencia que vivieron algunos países latinoamericanos durante los gobiernos dictatoriales de los años setenta y ochenta, y la necesidad de convertir a la democracia en un sistema político perdurable, les llevó a suscribir en el año 2001, en Santiago de Chile, la Carta Democrática Interamericana, junto con Estados Unidos, Canadá y el Caribe. En este instrumento jurídico internacional suscrito por los estados americanos miembros de la OEA, entre ellos, el Ecuador, se dice lo siguiente.

Artículo 3. “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Artículo 4. “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto a los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. “La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”.

Artículo 5. “El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades”.

Artículo 6. “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación es fortalecer la democracia”.

Artículo 7. “La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos”.

La democracia en el Ecuador de hoy

A la luz de los elementos constitutivos de la democracia antes mencionados y de los establecidos en la Carta Democrática Interamericana, que el Ecuador suscribió y se comprometió a “promover y defender”, examinaré lo que hoy ocurre en mi país.

Las elecciones no son libres ni equitativas

No hay en el Ecuador procesos electorales libres y equitativos que garanticen condiciones de igualdad a candidatos y partidos, pues las campañas del Gobierno están rodeadas de privilegios y las de la oposición, en cambio, sujetas a toda clase de restricciones. De las seis contiendas en las que ha intervenido el presidente Correa, incluidas tres consultas populares, solo en la que fue inicialmente elegido (2006) se atuvo a las normas electorales y participó en condiciones similares a las de sus adversarios. En las otras usó y abusó de los recursos del Estado –económicos, burocráticos, publicitarios, informativos y logísticos– y repartió clientelarmente recursos públicos para promover su reelección, apoyar a sus candidatos a legisladores, alcaldes y prefectos y conseguir que fueran aprobados los asuntos sometidos a consultas populares. Mientras tanto, las candidaturas de movimientos y partidos políticos opositores no solo carecieron de tan redituables medios económicos, políticos y propagandísticos, sino que tuvieron que someterse a las restricciones establecidas en la nueva legislación electoral, en cuanto al financiamiento, a los espacios publicitarios y al tiempo de duración de las campañas. Cuando el Consejo Nacional Electoral, responsable de que se dieran aquellas arbitrariedades, luego de la reciente campaña por el referéndum constitucional y la consulta popular pidió al presidente que rindiera cuenta de sus gastos, se negó a darlas y luego dijo que no había gastado un centavo.

* Encuentre mañana, en este espacio, la segunda entrega –de tres– de la ponencia presentada en la conferencia internacional realizada en Quito, en septiembre pasado, por la Universidad de las Américas y la Red del Foro de Biarritz, titulada América Latina: dos modelos, una sola región, y publicada en el libro del mismo nombre.