“Esperamos la invitación”. Con estas palabras la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dinah Sheldon, levantó la audiencia sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador, que se realizó ayer en Washington.

La cita fue convocada para que los comisionados escuchen las versiones de un grupo de periodistas (peticionarios) y del Gobierno ecuatoriano.

Minutos antes de las intervenciones, 25 simpatizantes del presidente Rafael Correa ocuparon la vereda de los bajos del edificio de la Organización de Estados Americanos (OEA) para gritar consignas a favor del régimen y en contra de la prensa. Algunos comentaron que vinieron desde Nueva York.

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En la sala de sesiones y ante un auditorio de unas 200 personas, los peticionarios iniciaron sus intervenciones. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, explicó las agresiones a los periodistas en la administración de Correa y mostró un video con los insultos del mandatario a los periodistas y a los medios de comunicación durante sus enlaces sabatinos.

Mencionó, por ejemplo, los casos de EL UNIVERSO y de los autores del libro El Gran Hermano, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, en los que el presidente Correa los demanda por sumas millonarias, como muestra de que en Ecuador existen restricciones a la libertad de expresión y de prensa, judicialización de temas periodísticos y violación del debido proceso. Lamentó el abuso de las cadenas nacionales por parte de la Secretaría de Comunicación para estigmatizar a los críticos y opositores.

Calderón planteó a la delegación del Gobierno que invite formalmente a los comisionados de la CIDH a visitar Ecuador para que verifiquen lo que sucede en el país. Además, pidió exhortar al presidente Correa y a sus funcionarios para que desistan de los procesos contra periodistas y medios de comunicación y para que retiren el proyecto de Código Penal, que contempla limitaciones al trabajo de los periodistas.

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En la réplica, el procurador Diego García señaló que la CIDH no era el espacio para tratar temas específicos, por lo que no cabía referirse a ellos, sino más bien a la vigencia de la libertad de expresión.

El canciller Ricardo Patiño hizo un recuento de la política gubernamental en temas sociales y descalificó a los periodistas, con el argumento de que son “representantes de los dueños de los medios”. Destacó el trabajo de los medios públicos y cuestionó a los privados.

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Cuando ambas delegaciones habían expuesto sus argumentos, los comisionados pasaron a la fase de preguntas. Luz Patricia Mejía preguntó a los periodistas qué están haciendo en Ecuador los medios y el Estado para que haya una plena autorregulación y de esa manera se eviten posibles excesos.

Luego, Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, preguntó qué están haciendo las autoridades para suprimir los delitos de desacato de la legislación ecuatoriana y una explicación de por qué se aplica una medida distinta cuando se habla de posibles calumnias e insultos de parte de los ciudadanos y periodistas y cuando quien los emite son el presidente de la República o los funcionarios públicos.

La comisionada María Guillén pidió a la delegación oficial evaluar la independencia de los poderes en Ecuador.

Ricaurte recalcó que el gobierno en su intervención evitó pronunciarse sobre la invitación formal a la CIDH.

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El canciller Ricardo Patiño, luego de la sesión, insistió en que la CIDH no necesita una invitación formal del Estado ecuatoriano.

Esto fue ratificado luego en una rueda de prensa por el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y la ministra de Justicia, Johanna Pesántez, quienes mantienen el discurso de que “al país están invitados todos”.

Sin embargo, ratificaron que no está en los planes del Gobierno hacer una invitación de carácter formal a la CIDH.

Textuales: Lo que se comentó
Diego García
PROCURADOR
“Basta ver la radio, la televisión y los medios escritos para saber cómo se respeta el derecho de la libertad”.

César Ricaurte
FUNDAMEDIOS
“Las limitaciones a los derechos fundamentales en el Ecuador son profundas y muy graves”.

LEA: Carta de la Relatoría para la Libertad de Expresión del 15 de septiembre, 2011