César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó esta tarde ante los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un video donde se muestra los sucesivos ataques presidenciales a través de las cadenas sabatinas del mandatario Rafael Correa. Además, hizo mención de las sentencias a los que se condena a los directivos de Diario EL UNIVERSO y el excolumnista de Opinión, Emilio Palacio.

Tras las intervenciones programadas, la presidenta de la Comisión, Dinah Shelton, finalizó la intervención a la espera de que el estado ecuatoriano invite a la CIDH para conocer de cerca la situación de la libertad de expresión en Ecuador.

Al inicio de su presentación, Ricaurte detalló la delegación de los medios ecuatorianos que lo acompañó y comentó que no se permitió la salida del periodista Wilson Cabrera ni del dirigente indígena, vicepresidente de la Conaie, Pepe Acacho.

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Durante la audiencia resaltó que en Ecuador hay una constante política de acoso a periodistas y medios; además que no se vive democracia plena porque no se permite hablar sobre los contratos del hermano del Presidente, o del 30 de septiembre, día de la revuelta policial en Ecuador.

Aseguró que en los últimos días altas autoridades ecuatorianas han descalificado y tildado de mentirosos a parte de la delegación que acudió a Washington a esta audiencia ante la CIDH en la Organización de Estados Americanos.

Las declaraciones de funcionarios gubernamentales señalaron a esta asistencia como conspiración contra el estado ecuatoriano, pero, dice Ricaurte que son ciudadanos comunes en búsqueda de protección que se niega en el país.

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Expresó César Ricaurte que el gobierno ecuatoriano, aunque se comprometió en una audiencia en 2010, ha utilizado figuras penales antidemocráticas para enjuciar a periodistas como Emilio Palacio, EL UNIVERSO y sus directivos contra quienes pesa una sentencia de 3 años de prisión y el pago de 40 millones de dólares.

Acompañando a Ricaurte estuvieron: Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, periodistas autores del libro El Gran Hermano, demandados por 10 millones de dólares por el Presidente de la República. Vicente Ordóñez, Presidente de la Unión Nacional de Periodistas; Mónica Almeida, Editora Regional de Diario El Universo;   Diego Cornejo, Director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos; Kathya Salazar, Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso Legal; Sean O'Brian, Subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame; Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios.

Demandado por Correa
El periodista Juan Carlos Calderón dijo que el gobierno intentará justificar sus actos a través de cadenas de televisión y pretenderá hablar de responsabilidad de periodismo. En su alocución pidió que los miembros de la Comisión Interamericana realice una visita para conocer de cerca el tema.

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Intervención del Procurador
De su lado, el procurador del estado, Diego García Carrión, dijo que si bien se convocó a tratar tema de libertad de expresión, la elaboración de la ponencia de los peticionarios, pero advierte que no es tiempo ni espacio para discutir casos particulares porque están sometidos bajo la justicia ecuatoriana, porque no cabría que esta comisión interfiera con la administración de justicia de gobierno.

El derecho de expresión tiene límites, dijo García. Agregó que está sujeto a responsabilidad ulterior para asegurar respeto a los derechos.

Explicó que la disposición constitucional ecuatoriana se ajusta plenamente a los principios sobre libertad de pensamiento, grantiza derecho a libertad sin censura previa, pero con respeto a la honra y de la dignidad de los demás.

Canciller realizó informe de labores
En su exposición, el canciller Ricardo Patiño dijo que estaba allí para defender los derechos humanos. Realizó un detalle del accionar de gobiernos anteriores y se refirió al gobierno de Jamil Mahuad  en que dijo que no hubo respeto a los derechos de miles de ecuatorianos que tuvieron que salir afectados por la crisis económica, y que los medios no habían salido a defenderlos ante esta realidad.

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El estado ecuatoriano se ha preocupado intensamente de respetar, atender  los derechos humanos y particularmente el de la libertad de expresión, reiteró el ministro Patiño.

El canciller Ricardo Patiño sustentó su intervención con el argumento de que el gobierno ecuatoriano ha trabajado como ningún otro en el fortalecimiento de los derechos humanos. Patiño dijo que los medios no representan a los intereses del pueblo y que, más bien, han obrado por sus intereses económicos.

Todos los ecuatorianos están ceñidos a la ley, menos los periodistas, según el Canciller.

Comisionadas
La comisionada Luz Patricia Mejía dijo que los procesos que se adelantan en Ecuador, de cambio constitucional y cambios políticos han generado importantes apoyos y también detractores. Consideró que es relevante que la comisión ha hablado de la necesidad de autorregulación de los medios en ejercicio vivo de la democracia.

Además, Mejía consideró relevante en el entendido que ambas partes reconocen que 8 grupos de poder tienen el control de los medios. La última década hemos visto como los medios han tenido importante influencia y resistencias, por lo que en el debate es importante evidenciar las presiones no solo de sectores oficiales, sino de todos los demás.

Finalmente, Catalina Botero, relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, volvió a reiterar sus críticas con el proyecto de Ley de Comunicación y con el ambiente de tensión entre el Gobierno ecuatoriano y la prensa. Cuestionó los epítetos lanzados por el presidente de la República cuando en múltiples ocasiones insulta a los medios. Además, mencionó variados casos de personas detenidas por supuestamente insultar al Presidente.

LEA: Carta de la Relatoría para la Libertad de Expresión del 15 de septiembre, 2011