La disputa entre autoridades y propietarios de predios privados al pie del mar prosigue en la provincia de Manabí.

El alcalde de Puerto López, Colón Izurieta (MPD), anunció que a partir de las 09:00 de hoy se iniciará la apertura de tres caminos a los que denomina como “públicos y ancestrales” hacia las playas del Litoral de este cantón manabita.

La idea es que miembros de la comunidad de Salango, en la zona rural del cantón Puerto López, tengan acceso libre a las playas después de que algunos caminos quedaron bloqueados como parte de terrenos de propiedad privada.

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El principal afectado por el anuncio es el empresario Philiphe Backhoff, gerente de la inmobiliaria Tocuyo, quien según afirmó, posee escrituras de las tierras en la zona donde existe el conflicto.

Mediante un comunicado de la Municipalidad de Puerto López se menciona que dichos solares impiden el libre tránsito de los comuneros a las playas de la zona.

Primera apertura
Incluso, en junio pasado ya se dio una primera apertura de caminos en predios privados de Tocuyo con el uso de la fuerza pública.

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La iniciativa provino de quien entonces era intendente de Policía de Manabí, Alfredo Poggi, y el ex gobernador provincial, Vicente Véliz, quienes habrían acatado un oficio emitido por el ex secretario nacional de Transparencia de Gestión, Alfredo Vera.

Así se lo detalla en un documento entregado por el representante legal de la inmobiliaria Tocuyo a la actual gobernadora María Luisa Moreno.

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El oficio responde a una nueva intención de abrir los caminos a la playa.

El alcalde Izurieta afirmó que ya ha solicitado la colaboración de la Policía Nacional, Gobernación y la Marina para abrir los caminos. “Primero vamos a garantizar el acceso de las personas a las playas”.

La apertura se dará pese a que la inmobiliaria Tocuyo posee una acción de protección a su favor determinada por el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Manabí, tras la acción realizada en junio pasado por la Policía y la Gobernación.

En la sentencia se establece que “las cosas vuelvan a su estado anterior” y se determina, además, que se acate lo dispuesto por el Juzgado Nacional de Caminos, en una resolución de octubre del 2002, en la que se decidió el libre tránsito de los residentes de la zona por el camino privado que da a las playas del sector.

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La acción de protección fue ratificada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia.