Crisis institucional en Argentina

AFP
BUENOS AIRES.- La pugna entre el gobierno de Cristina Kirchner y el Banco Central sigue abierta hasta que la justicia resuelva las apelaciones del Ejecutivo, en un conflicto que ahonda una grave crisis institucional en Argentina.

La resolución de la crisis tras la remoción por decreto del titular del Banco Central quedó en suspenso hasta que la justicia resuelva la apelación del gobierno a los fallos que reponen al funcionario y traban el pago de deuda con reservas.

El inédito enfrentamiento que amenaza con acabar en la Corte Suprema de Justicia es  una pelea por la potestad del Ejecutivo para el uso de las reservas del Tesoro, valoradas en $ 48.156 millones a diciembre de 2009, más del doble de lo que había en arcas cuando Martín Redrado asumió en el 2004.

El sábado, el gobierno consiguió una excepción a la feria del fin de semana para presentar las apelaciones a los fallos de la jueza federal María José Sarmiento, quien el viernes restituyó a Martín Redrado al frente del Banco Central 24 horas después de ser destituido por la presidenta Cristina Kirchner.  En otro fallo también suspendió el desvío de $ 6.569 millones del Tesoro para pagar deuda. El conflicto incluyó la denuncia de la jueza respecto de presiones del gobierno en su domicilio para que recepte la apelación del Ejecutivo durante el fin de semana, un intento desesperado del régimen por zanjar y evitar más desgaste.

Sin embargo, el gobierno logró presentar los escritos mediante una habilitación de la Cámara de Apelaciones, según lo indicó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

"Las presentaciones ya fueron hechas y comienzan a correr los plazos, la Cámara entendió que el tema no admite demora" y receptó los escritos, afirmó al canal de televisión  C5N,  aunque se espera que la jueza recién resuelva hoy.

El tema representa un dolor de cabeza para el gobierno, que prepara en estos días el lanzamiento de canje de bonos para aquellos acreedores privados que rechazaron el canje de deuda del 2005 y que representan unos $ 20.000 millones en bonos en default.