El Presidente de la República no impuso ayer la clausura de Teleamazonas por defender la verdad, ni la honra, ni las buenas costumbres. No se debería insultar la inteligencia de los ecuatorianos con argumentos tan burdos. El verdadero motivo, el país lo sabe, es que el Presidente necesita extirpar la libertad de expresión para que el pueblo no conozca los errores e irregularidades de su gobierno, que son muchos.

La clausura de Teleamazonas, por ende, fue el acto de un Gobierno dictatorial; elegido por una mayoría, pero que no reúne los requisitos para considerarlo democrático porque pisotea a cada instante los derechos de las minorías y la propia Constitución. Lejos de rectificar, además, demuestra de modo constante que está decidido a ir lo más lejos que se le permita.

Creer que las otras funciones podrían intervenir de un modo adecuado en esta coyuntura quizás sea pecar de ingenuo. Pero en una hora tan crítica, cuando la democracia tambalea, es nuestra obligación apegarnos a la legalidad y por eso reclamamos de la Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia que se pronuncien ante este salvaje atentado contra la libertad.