Por mantener una relación comercial baja, con saldos pequeños que generan costos operativos de mantenimiento, el Banco Pichincha procedió a cerrar cuentas de ahorro que están en estas condiciones.

La medida la asumió la entidad desde agosto pasado, cuando procedió a   “desautorizar” 156 mil cuentas de ahorro. La decisión, sin embargo,  no afectó a las personas de la tercera edad, beneficiarios de remesas y a los clientes de banca comunal.

Clientes con baja relación comercial
Vicente, un hombre de 40 años, llegó la semana pasada al Banco Pichincha para averiguar la posibilidad de depositar sus fondos de reserva. Pero se encontró con una desagradable sorpresa: su cuenta de ahorros fue cerrada unilateralmente por esa entidad financiera.

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Resignado escuchó la explicación que le dio una de las empleadas de Servicio al Cliente: se decidió cerrar la cuenta, porque no había registrado movimiento en los últimos meses. También le dijo que el suyo no era el único caso.

Vicente reconoció que, efectivamente, debido a “tantos gastos” no había aportado nada hace tres o cuatro meses.

Ese mismo día, en la fila de una de las agencias de ese banco, retiró los $ 50 que tenía en la libreta, pero dijo que procuraría acudir en unos meses más con $ 300, que es lo mínimo que ahora le exigían para abrir una nueva cuenta.

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Como Vicente, otros miles de personas han recibido igual noticia.
Banco Pichincha decidió, a partir de agosto pasado, “desautorizar” 156 mil cuentas de ahorro, las cuales mantenían una relación comercial muy baja con el banco, generando primordialmente costos operativos de mantenimiento.

Así lo confirmó Fernando Pozo, gerente general de esa entidad financiera. De todos modos, aclaró, la medida no afectó a las personas de la tercera edad, a los beneficiarios de remesas y a los clientes de banca comunal.

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El resto de clientes, al acercarse a la oficina, son informados de que para rehabilitar su cuenta necesitan elevar su saldo promedio a $ 300; si no lo hacen, se les cierra definitivamente.

La explicación, según Pozo, es que el banco, que cuenta con 1,8 millones de clientes, tiene la necesidad de “reducir los costos operacionales de ciertos rangos de cuentas, las mismas que por su saldo bajo no permiten solventar los costos implicados”. 

Es que desde julio pasado, los costos de mantenimiento y la emisión de la libreta, así como otros 11 servicios se volvieron gratuitos, por decisión de la Junta Bancaria. De todos modos, en el tarifario que rige desde octubre, el costo de la libreta ya volvió a ser de $ 1.

Pero el cierre de las cuentas genera problemas a los ciudadanos de menores recursos. Un joven que prefirió no identificarse aseguró que la libreta que fue cerrada le servía para recibir cada semana o cada mes los pocos recursos que sus padres le entregaban desde Cayambe, pues él estudia en Quito.

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Por su parte, Pozo comentó que la forzada reducción de las tasas de interés sin sustento técnico, la baja de costos de servicios, la decisión arbitraria y politizada de impedir que se puedan cobrar servicios que tienen costos evidentes, ha reducido de forma drástica los ingresos del  sistema financiero.

Con las medidas del Gobierno, según Pozo, se han limitado las iniciativas de bancarización y se han reducido las fuentes de repago de las inversiones, por lo que es difícil sostener la vinculación de la población a los servicios financieros.