El 'margen de error' es aliado de hombres que cobran el bono

Lunes 14 de septiembre del 2009, mediodía. Cuarenta personas hacen fila afuera de la agencia del Banco Pichincha, en el centro de Balzar (Guayas). En el grupo hay 16 hombres, la mayoría jóvenes. Algunos han madrugado desde recintos alejados, incluso llegaron de cantones vecinos como Palestina y Colimes. Todos con un objetivo: cobrar el Bono de Desarrollo Humano (BDH).

“Mire, son jóvenes, bien pueden trabajar; ahora ellos cobran el bono y ya no han de hacer nada”, menciona la dueña de una tienda. “Vinieron a censar el año pasado y me dejaron un número para que mande un mensaje. Ahí me sale que puedo cobrar”, señala David Plaza, campesino de 32 años del recinto Macul y quien como jornalero obtiene un salario de $ 6 al día. Su esposa, Jéssica Casola, de 26, obtiene desde hace años el BDH, asegura el hombre, que vive con sus tres hijos en una casa de tablas, en la finca de sus padres.

La fila de Balzar es inusual, por la notable presencia masculina, como inusuales son las que forman los beneficiarios del bono en distintas localidades del país. Hasta julio pasado, en estas estaban  solo mujeres, ancianos y discapacitados. Pero desde agosto, el Gobierno aplica los resultados de la encuesta de Registro Social para depuración e inscripción de nuevos beneficiarios y, entonces, aparecen  hombres de 18 a 65 años y no discapacitados. Esa encuesta, que costó $ 15 millones (según el Presidente Rafael Correa), la realizó el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) entre el 2008 y mediados del 2009, por un contrato con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el  Selben (Sistema de Identificación de Beneficiarios de Programas Sociales). El personal laboró en unos 25.800 sectores de todo el país, seleccionados por tener población pobre.

En el Decreto Ejecutivo 1838, del 20 de julio del 2009, el presidente Rafael Correa delega al Programa de Protección Social (PPS) del Ministerio de Inclusión Económica y Social la administración de las ayudas estatales y, en su artículo 4, especifica que la selección de las personas con derecho al BDH se efectuará con base en la información del registro de núcleos familiares. Según el informe del PPS, en la encuesta del INEC se entrevistó en cada casa a las mujeres cabeza de hogar y “en casos excepcionales, en hogares con ausencia de una mujer, se procedió a entrevistar a un pariente: padre, hijo u otro miembro de la familia mayor de edad”. Se indica además que se inscribió a los hombres porque las mujeres no tenían cédula.

Y ellos son los beneficiarios ahora. Según el PPS, el 4,8% de las 1’655.483 personas que perciben los $ 35 mensuales del bono, lo que representa un egreso estatal  de $ 57,6 millones al mes y $ 691,4 millones al año. En total, 400 mil personas ingresaron como nuevos beneficiarios; 150 mil fueron excluidos y desde agosto no reciben el beneficio, creado en septiembre de 1998, en el gobierno de Jamil Mahuad, para las madres solteras.

En la fila de Balzar, el lunes 14, está Nelson Avilés, 20 años, soltero, residente en la ciudadela Adolfo Santistevan, de Colimes. Es beneficiario porque vive con su madre, que no recibe, y él fue tomado en cuenta como jefe de familia. A la espera para cobrar están Isidro Figueroa, de 26 años, del recinto La Barbarita, de Balzar. Asegura que envió un mensaje de celular al número 1818 y –según él– fue aceptado. Su esposa, Flor Reinado Ruiz, de 20 años, cobra desde agosto. Pero el mensaje es similar al que reciben muchos y dice: “El representante de su familia va a recibir el Bono de Desarrollo Humano”. Eso genera expectativa y los lleva a los bancos.

Martes 15 de septiembre. Hugo Pérez Vera, de 38 años, y Jeferson Álvarez Yépez, de 26, acuden a la agencia del Banco de Guayaquil en Milagro (Guayas), luego de confirmar por mensaje de texto que ellos supuestamente salieron favorecidos con el bono. Sin embargo, al llegar al banco y hacer una fila durante casi cinco horas reciben una papeleta que dice: “Todavía no ingresa a la base de datos”. Ese “todavía” los motiva a asegurar que  regresarán cada mes “para ver” si les pagan. Sin embargo, al ingresar sus números de cédula en la página del Registro Social (www.registrosocial.gov.ec) se constata que solo sus esposas se mantienen como beneficiarias.

En otros sectores ni siquiera se inspeccionaron las viviendas ni se comprobaron los parentescos de los beneficiarios a la hora de hacer el listado. Es así que en Bapao de Abajo, recinto de Daule (Guayas), Georgi Lago Malagón y su esposa, Katty Castro Quinto, ambos de 26 años y con una hija de 4, cobran el bono desde agosto pasado. A Maritza Malagón, mamá de Georgi, también le pagan. Esta familia, en total, percibe $ 105 del Estado, sin que siquiera hayan visitado su casa, pues –aseguran– se inscribieron en la Junta Parroquial. De hecho, Katty Castro tiene el código 2099086R1 del Registro Social y en él aparece que los únicos miembros de su familia son ella y su hija Jamileth.

En el mismo recinto, Julio Arreaga Magallanes, de 22 años, y Antonio Lago Alvarado, de 21, trabajan como jornaleros y cobran el bono. Arreaga cuenta que su esposa sí tenía cédula y, de hecho, fue ella quien inscribió a los dos. “La verdad, no sé por qué me salió el bono a mí y no a ella. Mi esposa dio nuestros datos en la Junta Parroquial, me imagino que allá decidieron”, dice Arreaga. En el caso de Lago, su mamá, Azucena Alvarado, con quien vive, también cobra.

Estos hombres, además de mujeres, personas de la tercera edad y discapacitados forman parte del registro de 400 mil  nuevos beneficiarios.

Pero los que salieron, 150 mil (porque según el MIES ya no están bajo la línea de pobreza), se quejan. “Está mal que den a los hombres. A mí me quitan y resulta que estoy peor que hace cinco años”, afirma Doris Cobeña Macías, de 48 años. Vive en una casa de caña con sus cuatro hijos  en El  Florón, de Portoviejo. El atardecer del lunes 13, 56 mujeres del sector se reúnen. Ellas dicen haber sido excluidas. En casas de caña y con necesidades básicas viven María Meza Macías, de 39 años y madre abandonada con cuatro hijos; Yanina Zambrano Arteaga, cuatro hijos; Dolores Jiménez Loor, madre de dos hijas.

En este sitio, otro grupo reside en casas alquiladas o de familiares, como Carmen Pinargote Guerrero, de 26 años y con dos hijos. Fueron excluidas además quienes recibieron el bono del Miduvi. “Si fuéramos ricos por una casa, ya no habría pobres”, dice Sonia Saltos Tuárez, de 31 años y madre de dos hijos, quien ya no cobró el bono en agosto.

Otras madres se inscribieron durante la encuesta, pero no fueron tomadas en cuenta. Andrea Zambrano, de 19 años y madre de una niña, es un ejemplo. Vive en El Florón, en una casa de caña cedida por una familia del sector. El piso es de tierra. Solo posee una cocineta de dos hornillas, una mesa, dos sillas y una cama. “Cuando censaron ni siquiera vinieron a ver. Me anotaron en la calle”, dice.

En el suburbio, al suroeste de Guayaquil, Yolanda Bravo Cerezo tiene 34 años de edad y un documento que certifica que su hijo padece esquizofrenia. No trabaja por cuidarlo. Sus padres la ayudan, pero ella esperaba seguir como beneficiaria y que a su hijo lo incluyeran. No fue así, pese a que las personas con al menos el  40% de discapacidad y que vivan en condiciones de pobreza están aptas, al igual que sus madres, según el PPS.

A Amparo Collao López  le quitaron el bono. Muestra indignada la credencial 09.35365 del Conadis, que certifica que su hija de 7 años tiene el 77% de discapacidad intelectual. Pero en la ficha 172423R1 no consta esa  realidad. Tiene tres hijos más y en su casa (en la 28 y la H) vive su suegra,  quien también salió de la lista, y su cuñado, que presenta discapacidad intelectual.