El mayor Manuel Silva y el capitán Guido Núñez, acusados de entregar información de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) a la Embajada de Estados Unidos, presentaron la mañana de ayer las pruebas de descargo ante el Consejo de Generales de la Policía. La reunión fue reservada.

A las afueras de la Comandancia, Vinicio Villa y Yolanda Aguirre, abogados de Núñez, anunciaron que plantearon una demanda en contra del mayor Rafael Pérez, quien denunció el caso ante la Comandancia a inicios de febrero.

Según los defensores, el proceso administrativo del Consejo de Generales se basa en un parte suscrito por Pérez, que “es falso”.

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Agregó que el capitán no entregó ningún equipo a la Embajada estadounidense, sino que, siguiendo las órdenes de Silva, transportó las cosas hacia Quito para que ahí se realice la devolución a los extranjeros.

Aguirre afirmó que la demanda exige una indemnización de $ 2 millones, que serán donados a dos viudas de policías asesinados por narcotraficantes.

A su salida, el mayor Silva manifestó que el Consejo le concedió su pedido de retirar de este caso a los generales Jaime Hurtado (comandante), Rafael García (jefe de Estado Mayor) y Ramiro López (inspector general), por adelantar criterios.

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El oficial se ratificó en que la entrega de los equipos a la Embajada se realizó por orden del comandante Hurtado.

Insistió además en que hay un parte donde se indica que  Pérez ordenó la quema de archivos. No obstante, Pérez negó que ese documento exista.

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Por acudir al Consejo, Silva y Núñez no pudieron comparecer ante el fiscal Nelson de la Cadena, quien investiga el  hecho en el proceso penal.