Luego de la acogida de la consulta popular, el siguiente paso para afianzar la transición política era el Plan Económico, pero su anuncio significó un traspié.

Se esperaba algo completamente distinto luego de la denuncia de que no existe la “mesa servida” y que el manejo de la deuda pública ha sido irresponsable; a la postre el paquete de medidas deja el resabio de un producto rancio y caduco.

El problema es un Frente Económico heredado del correísmo, que paradójicamente mantiene la misma visión fiscalista y a la vez proteccionista que ha conducido al país a su mayor crisis en dolarización. Y, paradójicamente, sigue empoderado con la receta culpable de la mesa desprovista.

La expectativa generada por el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, en el marco del Diálogo Nacional y el cambio de estilo, ha quedado frustrada. Los acuerdos alcanzados en un ejercicio inédito terminan desvirtuados por la avidez recaudatoria. Se asegura haber acogido 86% de las propuestas, pero la sensación es la entrega de más hueso que carne.

Reeditando lo que fueron las reformas tributarias anteriores, se las empaqueta en una envoltura de incentivos a la producción para disfrazar más de lo mismo. A cuenta del manido pretexto de que hay que proteger la dolarización, que los que más tienen deben contribuir más, que hay que combatir el contrabando y la subfacturación, se carga la factura al emprendimiento que otra vez trasladará su costo a los consumidores vía precio.

Las autoridades económicas han reconocido que el efecto de cobro neto será de 1.600 millones de dólares al año, desglosados en 300 millones por los tres puntos adicionales de impuesto a la renta a las personas jurídicas, 900 millones por la tasa de 10 centavos por unidad importada y el incremento de aranceles a 375 subpartidas, principalmente de bienes de consumo; el resto provendrá del control al contrabando y la eficiencia de recaudación.

En tanto, el sacrificio fiscal se traduce en un programa de austeridad que permitirá ahorrar 500 millones de dólares. A la vez ofrece estabilidad tributaria por cuatro años, la reformulación del anticipo del impuesto a la renta, con beneficio inmediato a los pequeños empresarios y diferido para medianos y grandes, al tiempo que incentivos puntuales al sector exportador.

Con el contrapeso de bazas, ¿cómo queda el fiel de la balanza?

Se inclina, como ha sido la constante en los últimos diez años, en favor de continuar con el gasto público excesivo. Que sobre un presupuesto general del Estado de cerca de 37.000 millones de dólares se ofrezca una reducción de apenas 1,3%, pone en cuestión la seriedad con la que vienen obrando los responsables de la política económica.

Una vez más el sacrificio se traslada al sector privado y por su intermedio a la población, en general, que por el encadenamiento de costos tendrá que pagar más por la compra de bienes y servicios, en un mercado que acusa señales de estancamiento/recesión. Es la misma fórmula del círculo vicioso que nos mantiene de bajada hace rato.

Como hombre de diálogo, el presidente Moreno debe procesar las críticas que el anuncio ha suscitado. No hay intencionalidad alguna de oposición política. Sencillamente dar una voz de alerta para que no pierda la oportunidad de disponer de un Plan que genere confianza y un renovado optimismo en los actores económicos. Que haga la diferencia entre continuar con un crecimiento casi nulo o lograr una vigorosa reactivación económica. (O)