En la edición de octubre del 2017, la revista Sinfronteras, editada por los Misioneros Combonianos, presenta un informe de Alejandro González S. titulado ‘Los pueblos colombianos le dicen no a la megaminería’, en el que explica que, desde 2013, algunos pueblos de Colombia, utilizando la consulta popular, han defendido democráticamente su derecho a conservar su medioambiente cuidándolo de la invasión de las grandes multinacionales, diciéndole sí a la vida y a la ecología, con votaciones siempre superiores al 95% de quienes sufragaron.

Los primeros colombianos en votar contra un proyecto minero, el 28 de julio de 2013, fueron los habitantes de Piedras Gordas, en Tolima, mediante una abrumadora mayoría: 2.971 a 24. Ellos estuvieron en contra de la instalación de una planta de procesamiento de oro a gran escala, preservando su legítimo derecho al acceso al agua potable y a la conservación de la vocación agrícola de su tierra.

Tauramená, en Casanare, fue el segundo municipio que rechazó un proyecto también minero, evitando la exploración sísmica, que podía causar fuerte impacto en las riquezas hídricas de la zona, afectando la calidad de vida.

Cabrera, en Cundinamarca, es el tercero de la historia, evitó la construcción de ocho minicentrales eléctricas sobre el río Sumapaz.

Cajamarca, en Tolima, el cuarto, se opuso a la explotación de oro, con un apabullante 97,92%, y prefirió conservar las riquezas de su flora y fauna.

El quinto fue Cumaral, en Meta, que privilegió el desarrollo de su riqueza agropecuaria, ganadera y lechera a la extracción de minerales.

El sexto fue Pijao, en Quindío. Con una votación del 97% rechazó la explotación minera, defendiendo su producción de café, plátano, banano, cítricos y aguacates Hass, salvando sus fuentes hídricas de la contaminación.

El séptimo, recientemente en julio del 2017, ha sido Arbeláez, en Cundinamarca, que salvó una parte del páramo del Sumapaz, uno de los más grandes del mundo, que brinda gran cantidad de agua potable a ciudades como Bogotá.

Esta información me produjo la necesidad de revisar nuestras normas jurídicas relativas a la explotación minera y encontré lo siguiente, en la Constitución:

En el capítulo de los Derechos de la naturaleza:

“Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

“Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

“El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman el ecosistema”.

El tema se sigue reglando en los artículos 72, 73 y 74.

¿Se puede conciliar la megaminería con la existencia, el mantenimiento y la regeneración de la naturaleza?

¿Sería tan amable en darme su opinión? (O)