Por cuanto la opinión del columnista Dr. Hernán Pérez Loose, en el artículo titulado “¡Vergüenza!”, publicado el día martes 3 de octubre de 2017, no ha sido debidamente contrastada, solicito la réplica respectiva, en base a lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Comunicación.

El articulista sostiene en el párrafo que transcribo, lo siguiente: “Es difícil creer que la información sobre el caso Odebrecht, que hace pocos días envió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos –y que es la que el fiscal ha invocado para solicitar la prisión preventiva del vicepresidente Glas– no estaba disponible desde inicios de este año”.

En la forma como el articulista lo presenta, es evidente que no dispone de la información que en su momento fue divulgada por la Fiscalía General del Estado, en mi comparecencia a la Asamblea el 26 de junio de 2017:

1.- La verdad es que el 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos difundió que la empresa Odebrecht habría pagado en sobornos, más de setecientos ochenta millones de dólares en doce países, incluido el Ecuador. Ese mismo día solicité a nuestro embajador en Washington, licenciado Francisco Borja Cevallos, que de manera oficial obtenga el documento que había sido difundido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Documento que fue obtenido. 2.- El 22 de diciembre de 2016, dispuse que de oficio un fiscal inicie la investigación de posibles sobornos de la empresa Odebrecht por treinta y tres punto cinco millones de dólares. Ese mismo día, el fiscal que llevaba el caso solicitó con orden judicial el allanamiento a las oficinas de Odebrecht en Guayaquil, donde se encontraba domiciliada la empresa brasilera. 3.- El 23 de diciembre de 2016, se solicitó información al Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop, información sobre más de treinta contratos que Odebrecht había firmado en Ecuador además de información adicional a las Superintendencias de Compañías, Bancos y Contraloría General del Estado. 4.- Entre el 29 y 30 de diciembre de 2016, se solicitó asistencias penales a Estados Unidos, Brasil y Suiza. Justamente la asistencia penal solicitada a Brasil, según información publicada en el Diario El Telégrafo el día martes 3 de octubre, llegó el 29 de septiembre de 2017 a la Fiscalía General del Estado y el 15 de septiembre de 2017 llegó la solicitada al Departamento de Justicia Norteamericano, información que recién en estas fechas la Fiscalía y el país dispone. No como se sostiene en el artículo de opinión que comento. 5.- Adicionalmente el 30 de diciembre de 2016, mediante un Acto Urgente, por pedido de la Fiscalía un juez dispuso a todas las funciones públicas del Estado ecuatoriano, incluidos los gobiernos seccionales, la prohibición de suscribir nuevos contratos con Odebrecht hasta que culminen las investigaciones y además, mediante otro Acto Urgente de 1 de marzo de 2017, la retención de cuarenta millones de dólares para garantizar una posible indemnización del Estado, basados en el hecho de que era la propia Odebrecht la que había informado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobornos a funcionarios ecuatorianos por treinta y tres punto cinco millones de dólares. 6.- El 4 de enero de 2017, se solicitó la asistencia penal a España para que se tome la versión al abogado de Odebrecht detenido en Madrid, señor Rodrigo Tacla Durán. Esto permitió identificar otro caso relacionado a Odebrecht y en el que presuntamente estaría involucrado Alecksey Mosquera y otros. 7.- El 11 de enero de 2017, se realizó un segundo allanamiento a las oficinas de Odebrecht, esta vez en la ciudad de Quito. 8.- El 12 de enero de 2017, la Contraloría remitió la información solicitada por la Fiscalía sobre exámenes especiales a los contratos de Odebrecht. 9.- El 17 de enero de 2017 el representante legal de Odebrecht desde Sao Paulo en Brasil, mediante una carta remitida a la Fiscalía manifestó el deseo de cooperar en la investigación de los hechos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 10.- El 18 de enero de 2017 la Fiscalía contestó a Odebrecht manifestándole que lo esencial de la cooperación sería obtener información sobre los siguientes puntos: 1°. Nombre de las personas cohechadas. 2°. Cuentas y montos de las transferencias realizadas a cada uno de los involucrados. 3°. Contratos de los cuales salieron los recursos para esos pagos. 4°. Identificación del responsable de Odebrecht en la administración de cada uno de esos contratos. 5°. Reintegro al Estado ecuatoriano del monto de esas operaciones.

Aceptada por parte de Odebrecht estas exigencias previstas en la ley ecuatoriana, se dio inicio a las reuniones.

En este proceso las negociaciones, se realizaron entre enero y mayo de 2017 y cuyo documento borrador fue entregado a la nueva administración del doctor Carlos Baca Mancheno. Como ustedes bien saben mi cargo como fiscal general del Estado terminó con fecha 10 de mayo de 2017 y el doctor Carlos Baca Mancheno se posesionó como nuevo fiscal general el 11 de mayo del mismo año.

La cooperación eficaz que suscribió la Fiscalía General del Estado ya representada por el doctor Carlos Baca Mancheno sobre la base del borrador entregado y luego revisado, ajustado y validado por la nueva autoridad, en los primeros días de su gestión, más la liberación de la información a partir del 1 de junio de 2017 han producido ya resultados.

Se debe recordar que toda la información sobre Odebrecht estaba bajo reserva en Brasil, Estados Unidos y Suiza y por lo tanto ninguno de los doce países donde operó ilegítimamente esta compañía disponía de tal información. Recién se libera esa información el 1 de junio de 2017.

Países como Colombia y Perú pudieron avanzar en sus investigaciones por cuanto hubo delatores internos en cada uno de esos países que proporcionaron información. Esto no ocurrió en el período de enero a mayo de 2017 en Ecuador.

Sobre la prohibición de difundir información, se han pronunciado todos los fiscales de los países en donde Odebrecht había operado, es más, el propio señor embajador de los Estados Unidos en Ecuador, así lo ratificó también.(O)

Galo Chiriboga Zambrano, abogado, ex fiscal general del Estado; Quito