Es difícil creer que la información sobre el caso Odebrecht que hace pocos días envió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Fiscalía –y que es la que el fiscal ha invocado para solicitar la prisión preventiva del vicepresidente Glas– no estaba disponible desde inicios de este año. Conociendo a los personajes, y la casi nula transparencia que dominaba a las instituciones públicas bajo la dictadura correísta, no es irrazonable pensar que, en efecto, esa información no fue usada oportunamente por temor al impacto brutal que su revelación podría tener durante el proceso electoral. En otras palabras, la solicitud de prisión en contra del vicepresidente Glas llega con varios meses de atraso. Todo lo que se habría hecho fue simplemente “ganar tiempo”, y apostar a que en el camino algo suceda y que las evidencias de la participación de Glas en la red de corrupción de Odebrecht no salgan a la luz pública.

No debe olvidarse que a las pocas semanas del anuncio que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de la red de corrupción de Odebrecht en América Latina, se dispararon investigaciones fiscales que causaron una explosión en varios países. En Perú, Argentina, Colombia, República Dominicana, las fiscalías llevaron hasta la prisión a expresidentes, exministros y altos funcionarios públicos. La información suministrada por los Estados Unidos fue el sustento para esas investigaciones y órdenes de prisión.

Menos en el Ecuador. Acá nada sucedía. Pasaban las semanas, y los reclamos de que se conozca la lista de implicados eran rechazados como parte de un show, de una conspiración o de una campaña de desprestigio. Tal como se denunció en su momento, acá el jefe de la mafia con todo el poder que tenía habría impedido que la justicia actuara con la misma celeridad con la que actuó en otras naciones. Una muestra más de cómo el sistema judicial ecuatoriano camina al ritmo que le marcan los actores políticos.

El pedido de orden de prisión para Glas es causa de vergüenza para los ecuatorianos. Ni sus propios adversarios políticos pueden sentirse triunfadores por lo sucedido. Un país en el cual se elige a un vicepresidente en abril y ya en septiembre está con orden de prisión es un país en el que sus instituciones públicas están quebradas moralmente. Y esto no es sino el comienzo. Con la orden de detención al vicepresidente, la investigación del saqueo de los fondos públicos y la recuperación de esos fondos es y debe ser solo el comienzo. El comienzo de un necesario y complejo proceso de saneamiento político que deberá llegar, aunque sea por esta sola vez, a sus últimas consecuencias. Si hoy hay un pedido de orden de prisión contra Glas, ello se debe a la información que ha venido del exterior (no a las investigaciones de nuestros órganos de control), a la presión de la opinión pública y la presencia de contados líderes de la oposición. Todos los caminos conducen a un gran responsable. (O)