Resulta complejo enumerar la cantidad de violaciones que se produjeron a la Constitución durante los años del correato. Fueron tantas y de tan variada índole que solamente un historiador del Derecho con paciencia franciscana podrá describir pormenorizadamente las veces que Rafael Correa, sus asesores jurídicos, la Constituyente de Montecristi, el Congreso de los manteles, la Asamblea Nacional correísta, los jueces de la Corte Constitucional y un puñado de jueces de las cortes nacionales y provinciales violentaron el marco jurídico constitucional so pretexto de “fines superiores”, la “revolución ciudadana” o el “mandato popular”.

Para poner solo unos ejemplos, basta recordar cuando el viejo Tribunal Supremo Electoral en marzo de 2007 destituyó con el voto de Elsa Bucaram a 57 diputados de la República. O cuando el 24 de abril de ese mismo año, el “nuevo” Congreso, el de los manteles, destituyó de un solo plumazo a los miembros del Tribunal Constitucional. O cuando a través de una enmienda constitucional se estableció que el derecho a la información fuera un servicio público a sabiendas de que es un derecho humano que no le pertenece a la autoridad sino al pueblo, como lo establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también la Declaración de Chapultepec.

La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿el gobierno actual debe actuar de la misma manera que Correa, es decir, dejar de lado todos los principios, normas, derechos y garantías constitucionales, so pretexto de buscar un fin superior que es acabar con la pesadilla correísta? La respuesta debe ser negativa ya que en una democracia plena no se admiten atropellos a la Constitución y demás leyes de la República. Siempre habrá remedios dentro del marco jurídico e institucional que permitan desmontar el legado de terror y horror que nos dejó la década perdida. El primero de ellos debe ser una consulta popular.

Ahora bien, el bloqueo al que está sometido el Ejecutivo por parte de la Asamblea Nacional no lo está dejando gobernar. Vamos para el quinto mes del gobierno de Lenín Moreno, y las leyes que apuntalaron los atropellos, desbarataron la economía de este país, trajeron inseguridad jurídica y cohonestaron el despojo más grosero a nuestro erario nacional, siguen vigentes y sin visos de que en el corto e incluso mediano plazo puedan ser derogadas.

En todo caso hay que estar optimistas. Ni en el mejor de nuestros sueños hubiéramos imaginado que un gobierno de Alianza PAIS sea el que esté desmontando todo el aparataje de propaganda, manipulación política y represión periodística vivida a lo largo de esta década. Y lo sucedido me recuerda a León Trotski, uno de los organizadores clave de la Revolución de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en Rusia en noviembre de 1917. Entre sus obras más importantes se encuentra La revolución traicionada. En la parte final de este libro –que es una crítica feroz a las políticas públicas y económicas de Stalin– se lee: “La burocracia se parece a todas las castas dirigentes, está dispuesta a cerrar los ojos ante los errores más burdos de sus jefes en la política general si a cambio le son absolutamente fieles en la defensa de sus privilegios”. Lev Davidovich desnudó los errores y abusos de Stalin; Lenín Moreno, los de Rafael Correa. La historia se repite. (O)