El delegado de lo Civil y Penal de la Procuraduría General del Estado presentó, ante la Corte Nacional de Justicia, acusación particular en contra de los procesados por supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht, en el que se incluye al vicepresidente Jorge Glas y a su tío Ricardo Rivera.

Más allá de la pertinencia del hecho, puesto que el perjudicado es el Estado ecuatoriano, y que le corresponde juzgar a la administración de justicia, vale destacar que –cualquiera que sea la tipificación del delito– este caso nos convierte en un Estado cuyo vicepresidente es acusado por el propio Estado.

Si bien no se inicia todavía el juicio, cabe preguntar: ¿en estas condiciones dolorosas y perjudiciales para el país, debe el vicepresidente seguir siéndolo?, ¿sería mejor para la nación y para el propio vicepresidente que se dedicara a demostrar, sin el privilegio de sus funciones, que es inocente, como lo ha dicho?

¿Ha llegado el momento de que todos, incluidos los miembros del partido del vicepresidente, que negaron en la Asamblea una propuesta de pedirle que renuncie, pensemos en los intereses de la nación, que ya ha perdido mucho con los hechos de corrupción denunciados? (O)