Existe una estrecha relación entre la eficacia de la formación académica en ciencias del agro y el desarrollo del sector agropecuario, víctima de una década de oscurantismo, negativa en realizaciones, solo de diagnósticos y estudios, la despreocupación por la agricultura fue evidente, como aconteció también con la atención a las universidades que modelan profesionales en ese campo, con aportaciones económicas muy distantes de las mínimas requeridas, cuando son las llamadas no solo a enseñar sino también a investigar en la búsqueda de respuestas a las penurias que aquejan a las actividades agrícolas, según se evidenció del sentido discurso de la exrectora Dra. Martha Bucaram Leverone, en el 25º aniversario de la Universidad Agraria del Ecuador.

Es evidente que la Agraria, única en su tipo en el territorio nacional, tenía como finalidad impulsar de manera concreta y sostenida el desarrollo de la portentosa cuenca del río Guayas, formando profesionales altamente capacitados en todas las disciplinas que la técnica impone, para alcanzar los más altos índices de productividad, asegurando la provisión alimenticia y proyectando con éxito la exportación de variados productos agrícolas, acuícolas y pecuarios, incluyendo el funcionamiento de extensiones en varios cantones rurales de la provincia y del país, irracionalmente eliminadas, requiriéndose, por tanto, un centro académico de primer orden dotado de una cómoda base financiera, que la ceguera política revanchista privó.

El presupuesto estatal descarna realidades que avergüenzan a un país eminentemente agrícola, como lo demuestran los montos aprobados para el funcionamiento de las facultades de agronomía del país, cuyo patético ejemplo lo constituye la Universidad Agraria, a la que se asigna 15,7 millones de dólares anuales, cuando la Ley Nº 158 que le dio vida, le otorgó el 0,5% de la recaudación del IVA, equivalente a 22,2 millones para este año, según el listado de preasignaciones presupuestarias que la Constitución en su artículo Nº 298 obliga observar de manera “predecible y automática”, como lo detalla la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional en su informe remitido al pleno el 28 de agosto de 2017, página 33, teniendo como fuente el propio Ministerio de Economía y Finanzas.

A la Agraria no solo le birlaron sus asignaciones legales, sino se inmovilizó su fondo patrimonial, acumulado en virtud del ahorro y eficaz administración, aceptado verbalmente por autoridades superiores de educación, pero en la práctica se sumaron para consolidar tremenda injusticia, sin apreciar la enorme infraestructura, facilidades de laboratorios y campos de enseñanza que la Agraria posee, sin el oprobioso dispendio de Yachay, motivo de escarnio público.

A pesar de todos los infortunios, ha acrisolado un conglomerado de profesionales de tercer y cuarto nivel (15.000), que enriquece el saber nacional y nutre la marcha empresarial agropecuaria, indiferente del acoso permanente, solo explicable en la odiosidad política y la aversión xenofóbica contra su gestor y rector fundador, sentimientos ajenos al convivir universitario, obnubilando el correcto análisis y valoración de sus logros; pero ahora, con los vientos libertarios que agitan banderas reivindicatorias, es de esperarse la restitución de su fondo patrimonial y las preasignaciones que la Constitución le ha franqueado, asegurando un futuro promisorio para la distinguida Universidad Agraria del Ecuador. (O)

El presupuesto estatal descarna realidades que avergüenzan a un país eminentemente agrícola, como lo demuestran los montos aprobados para el funcionamiento de las facultades de agronomía del país, cuyo patético ejemplo lo constituye la Universidad Agraria...