Los distintos espacios donde la universidad ecuatoriana viene participando mediante sus representantes, a propósito de los debates y diálogos convocados por el régimen, instituciones u organizaciones, expresan que aún hay mucho que decir y aportar luego de diez años, donde su voz y participación fue excluida y vetada. Un aspecto a destacar es que en varios de los eventos desarrollados, una de las principales conclusiones y que se viene trabajando es la de reformar la actual Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), con el fin de corregir aquellas imperfecciones existentes en la actual normativa que resultaron inaplicables y otras que generaron serios límites a varios derechos.

Sectores de la universidad de manera responsable y consciente han asumido el llamado al diálogo, como una oportunidad para presentar sus propuestas en beneficio de toda la comunidad universitaria; gremios y organizaciones como: FEUE, Fenatupe, Fenasuope, AFU, Oclae, entregaron a la Asamblea Nacional Legislativa el 11 de julio su propuesta de reforma a 40 artículos de la LOES, que junto a otras propuestas de reforma enriquecen y califican el debate; expresan que la universidad no tiene y no puede tener un pensamiento único. Que la esencia de ser de la universidad es justamente la de preservar la universalidad del pensamiento. En la universidad se discute, se propone, se dialoga, se confrontan ideas, no se imponen ideas y, peor aún, se sanciona por pensar diferente.

En medio de esta perspectiva es menester seguir corrigiendo el grave impacto social que ha generado dejar a más de 600 mil bachilleres fuera del sistema, o contrarrestar la inconformidad de las y los jóvenes que fueron obligados a escoger una carrera para la cual no tienen vocación. El incremento de cupos es una salida, pero es parcial, es imprescindible analizar y adoptar medidas que enfrenten de raíz el divorcio que existe entre el colegio y la universidad. Entre la educación urbana y rural. Un sistema de ingreso que sin dejar de lado los mecanismos de evaluación conciba a la educación superior como un derecho y no como un privilegio.

Avanzar en la discusión respecto a los organismos de dirección es ineludible, ya que estos necesitan estar conformados por personal académico vinculado a las instituciones de educación superior, sin canonjías de ningún tipo, y donde su selección se realice a base de concursos de méritos transparentes, que privilegie la experiencia en gestión, docencia, investigación y relación con el medio externo.

La evaluación de las universidades debe ser recuperada como una herramienta constructiva y no destructiva, debe ser realizada por organismos independientes y de alta calidad académica, preferentemente no pertenecientes al Estado.

La autonomía es también otro tópico a seguir desarrollando sin recelo alguno. Este principio, que fue adoptado desde hace casi un siglo en varios países latinoamericanos, tiene por objetivo evitar que los vaivenes del poder político se traduzcan en cambios arbitrarios en la vida universitaria y en sus autoridades. Propende a que la universidad pública se rija por sí misma de manera responsable, que elija su sistema de gobierno, que administre sus recursos, que defina su modelo educativo y que permita la libre participación de sus miembros en la vida universitaria sin injerencia del Estado ni del gobierno de turno. La autonomía universitaria es la independencia política y administrativa de una universidad pública respecto de factores externos. Autonomía que fue pisoteada en algunos casos mediante procesos de intervención o chantaje académico.

La tipología y evaluación de universidades también ha entrado al debate, ya que de mantenerse profundizará la discriminación a las instituciones de educación superior al catalogarlas como de investigación o docencia. Todas las universidades pueden y deben hacer investigación, en mayor o menor grado, esta realidad depende mucho de su talento humano y sobre todo de contar con los recursos económicos necesarios que días atrás las universidades reclamaron con todo derecho. La evaluación de las universidades debe ser recuperada como una herramienta constructiva y no destructiva, debe ser realizada por organismos independientes y de alta calidad académica, preferentemente no pertenecientes al Estado, porque pueden estar influenciados por gobierno de turno alguno, lo cual no hace imparciales sus resultados. La actual reforma a la LOES no puede perder de vista que es la sociedad la que finalmente evalúa y selecciona a los profesionales que salen de las universidades por su excelencia académica, más que por el “sello de calidad” que el Estado viene asignando.

Evaluación, vinculación con la comunidad, tiempo y necesidades para acceder al PhD, ingreso, investigación, pertinencia, autonomía, intervenciones, financiamiento, democracia, cogobierno, derechos de docentes y trabajadores, bienestar estudiantil, diversificación de la oferta académica con énfasis en carreras técnicas y sociales son tópicos centrales a seguir desarrollando y para lo cual es imprescindible que el diálogo sea en los hechos un método y política permanente, de consenso en los diagnósticos y acuerdos en las soluciones, más aún cuando en el pleno de la Asamblea Nacional se aproxima el primer debate de reformas a la LOES. (O)