El activista Fernando Villavicencio, que se encontraba en Perú y que tiene orden de prisión preventiva por supuesta divulgación de información reservada, relacionada con una negociación petrolera, volvió al país. Dijo que para “probar si es cierto que hemos recuperado la justicia... vengo a probar si los corruptos van a la cárcel”.

Se refería a la denuncia que, acompañado del presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, hizo en Quito, sobre presuntas irregularidades en la venta de crudo ecuatoriano a Petrochina, a través de compañías offshore, que actuaban como intermediarias y dejan una pérdida de 2.200 millones de dólares para el país, según dijo. La denuncia de 105 páginas y 136 carpetas de anexos será presentada en la Fiscalía. Es contra las más altas autoridades, funcionarios del ramo y un empresario privado.

Lo dicho por Villavicencio debe ser investigado exhaustivamente, sin dilaciones, para que el país conozca los hechos y vuelva a confiar en la justicia. Si se comprobara lo denunciado, habrá que establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes e iniciar los trámites para recuperar el dinero que pertenece a todos los ecuatorianos. (O)