Siete exjueces denunciaron anteayer que unos 40 jueces habían sido destituidos, según su criterio, de manera ilegítima, alegando distintas razones y utilizando en algunos casos la figura de declaratoria de “error inexcusable”.

Denunciaron que un grupo de funcionarios de alto nivel del Consejo de la Judicatura y de la Corte Provincial del Guayas los presionaban para lograr las sentencias que deseaban. Hoy, dijeron, se han atrevido a hacerlo público porque el momento político es otro y es necesario que se conozca que ha habido un “entrometimiento de la Judicatura en la independencia del despacho de cada juez para, en diferentes casos, presionar para que se ejecute de tal forma y si estos actos no se hacían eran destituidos”.

Lo expresado por los exjueces es muy grave, atenta contra derechos fundamentales y específicamente contra los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Declaración de los Derechos Humanos. Habrá la versión oficial, sin duda, pero lo importante será que se investigue y clarifique lo denunciado, para que se tomen, de una vez por todas, los correctivos indispensables, porque la recta administración de justicia es clave para el desarrollo humano, la democracia y el desarrollo de los pueblos. (O)