No han sido pocas las ocasiones en que nuestro principal producto agrícola de exportación afronta situaciones difíciles, ya nos hemos habituado a sus erráticos ciclos, atribuibles al comportamiento del mercado CIF, mientras los precios en los supermercados, únicos privilegiados, siguen firmes. El escenario actual es mucho más grave dado los valores ínfimos que reciben los agricultores, hasta menos de la tercera parte de los niveles legales, que no alcanzan a cubrir los costos de campo. Esta afirmación es aplicable inclusive a los productores que tienen suscritos contratos supervisados por el Ministerio, que mandan, bajo severas penalidades, el respeto a los mínimos establecidos. Ahora se agrega un factor impredecible, la elevación extrema de temperatura, secuela del cambio climático, que impulsa a los consumidores a optar por frutas más suculentas, a lo que se suma el incremento de producción de los competidores con ventajas geográficas insuperables.

Frente a esta anómala circunstancia, los integrantes de la cadena, en la aceptación de la premisa que sin banano no existirían, deben demostrar su compromiso solidario de socorrer a su eslabón más débil, los cultivadores, impidiendo la reducción de sus ingresos, para asegurar la supervivencia de las plantaciones, manteniendo los estándares de productividad y calidad, realizando inaplazables labores, porque es inconveniente interferir el proceso de producción agrícola una vez puesto en marcha, lo que hace más vulnerable a los agricultores frente a los compradores.

Las instancias públicas deben atender sin demora las razonables peticiones gremiales, como el diferimiento formal del pago a la seguridad social, sin interrumpir las prestaciones que reciben los trabajadores, y el fisco suspender el cobro anticipado del impuesto a la renta, a todos los actores; reducir las tasas portuarias hasta salvar la crisis y la autoridad de Puerto Bolívar impedir la injusta elevación por la que bregan los bananeros orenses. Que la banca pública, y por qué no la privada, en homenaje a la identidad agrícola nacional, genere líneas de financiamiento preferenciales, con periodos de gracia, a favor de productores y exportadores en complicados pero temporales trances comerciales; que se honren las fallidas ofertas gubernamentales hacia el mejoramiento de competitividad, empezando por la inmediata devolución tributaria (drawback). Las empresas que conforman la cadena bananera, que aporten bajando el costo de los insumos.

De su lado, el Estado debe equiparar las desventajas en el transporte naviero, proveyendo combustible nacional a precio reducido y energía eléctrica con tarifa que estimule el uso de alternativas limpias. El desmonte inmediato de los trámites que atan el crecimiento bananero es inaplazable. Es hora de retomar acciones concertadas entre países latinoamericanos tendentes a liberar al banano como la fruta peor cotizada del mundo.

En estas aciagas circunstancias, lo que corresponde a una nación eminentemente agropecuaria, con el banano como su principal impulsor, es acudir al salvataje del emblema de la riqueza actual y futura del país, subsistencia de miles de familias ecuatorianas, no solo de las que labran el campo, sino de muchas que se acogen de manera indirecta a sus indiscutibles beneficios; es inadmisible, por tanto, la reducción de la producción y exportación de una fruta constituida en real soporte del Ecuador. (O)