En una entrega anterior (EL UNIVERSO, 8 de agosto, 2017) hacía algunos comentarios sobre la intervención del presidente Moreno respecto de la situación económica que experimenta el Ecuador después de 10 años de gestión de Alianza PAIS, la que principalmente daba cuenta de un alto déficit fiscal, fuertes deudas externa e interna (en consideración a la real capacidad de pago del gobierno central) y varias otras obligaciones.

Añadiré que a ello se suman evidentes desequilibrios en el mercado del trabajo; una inflación, si bien baja, explicada por la caída del consumo; la vulnerabilidad del sector externo; el postergado cambio de la matriz productiva; y, los efectos de graves casos de corrupción, que de hecho inciden en las expectativas de los agentes económicos. Esto se refleja en perspectivas negativas o muy bajas de crecimiento económico para años venideros, en lo que coinciden varios organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, Cepal).

Hagamos, en este marco, algunos comentarios. En lo relativo a la posición fiscal, el Ministerio de Economía ha hecho llegar a la Asamblea Nacional la Proforma del Presupuesto 2017. Resulta difícil hacer un pronunciamiento definitivo sobre las estimaciones realizadas, pues no se conocen con exactitud las características de las obligaciones asumidas en los últimos años. Sin embargo, una primera revisión de la Proforma deja ver que se plantean algunas metas que no serían, por diversas razones, necesariamente consistentes con la situación coyuntural.

Esto tiene que ver, sobre todo, con las optimistas expectativas de recaudación de impuestos, en un contexto en el que varios sectores abogan por la eliminación de varios tributos, mientras el Ejecutivo trata, al mismo tiempo, de asegurar recursos para planes de asistencia social, absolutamente necesarios, pero que deben ser financiados. El recurso a ingresos derivados de las exportaciones de petróleo no es posible, vistos los compromisos de las “preventas” petroleras y otras obligaciones pendientes con proveedores, como oportunamente lo señaló el ministro de Hidrocarburos.

Así, no se conoce todavía la real capacidad del país para cubrir las distintas necesidades fiscales, más aún si también habría numerosas obras públicas que se encontrarían paralizadas. La Senplades seguramente habrá trabajado en el balance de los costos económicos y sociales de una eventual postergación, pero sobre todo debería haberlo hecho en la identificación de prioridades de la inversión pública, que sería la variable de ajuste de las finanzas públicas. Primer punto a considerar.

Otro de los aspectos que preocupa en esta materia es la deuda del Ejecutivo con el IESS. Según la Contraloría del Estado, luego del examen de las distintas cuentas, el Gobierno debe al IESS alrededor de USD 2.300 millones. Se entiende que Contraloría establece esa obligación de forma definitiva, por lo que extraña que se proyecte conformar una Comisión para definir su monto, que ha sido ya incorporado en los balances del IESS, según fue informado. ¿Cómo ha de procederse en este caso?

A propósito del IESS, el Plan Económico 2017-20121 debería evaluar desde ya la forma cómo el Ejecutivo redimiría los bonos entregados a esa institución a diversos plazos, que superarían los USD 12 mil millones, así como el estado de los rendimientos de otras inversiones (petróleo, hidroeléctricas) realizadas en estos años. Esto, pues se debe tener desde ya una visión de los escenarios que enfrentarán las finanzas públicas a mediano y largo plazos, a fin de evaluar las opciones del caso. No es cuestión de señalar, simplistamente, que la compra de bonos del Estado sería para el IESS una “inversión rentable”: la redención de esos bonos dependerá del flujo real de caja del Gobierno, sobre lo que persisten varios interrogantes. ¿Se ha revisado ya el cuadro de mando coyuntural para el período que cubrirá el Plan?

La información difundida por el presidente Moreno confirmó, por cierto, los límites de la pasada gestión fiscal y de la política –muy laxa– que en esta materia tuvo el Banco Central, que agravó los déficit fiscal y externo. ¿Cómo se hará finalmente el pago de esa deuda?

Tampoco es conveniente que se demande, una vez más, la colocación de recursos del BIESS a largo plazo para favorecer el desarrollo del mercado de valores, como se ha señalado en el marco de uno de los Consejos Consultivos establecidos. Hay alternativas que podrían examinarse, con la utilización de recursos propios de los operadores privados. Se debe dejar al IESS al margen de más influencias externas, mientras se aborda la definición de directrices que garanticen su sostenibilidad futura y se precisen las obligaciones que en ámbitos relacionados le corresponden al Ejecutivo. ¿Se encuentra lo señalado en la agenda de las actuales autoridades?

También es extraño que los responsables de la gestión económica del gobierno anterior continúen al frente de la “regulación anticrisis”. El ministro de Economía ha señalado en entrevista que reproduce un matutino guayaquileño (Expreso, 11 de agosto de 2017) “que esto permite que se pueda entender mejor las cosas porque a estos funcionarios se les puede consultar qué es lo que hicieron. Existe la posibilidad de la transferencia de información” (sic). Difícil de entender lo señalado, pues es obligatoria de rendición de cuentas de parte de los funcionarios públicos. ¿Se procede en consecuencia, transparentemente?

En lo atinente al sector externo, sobre todo a la política comercial, hemos realizado en esta columna algunas propuestas desde hace tiempo. Esta vez solo deseo referirme a la posibilidad de suscribir un acuerdo comercial con EE.UU.

Más allá de su trascendencia y aunque no se conoce si se han evaluado ya las características de un posible Instrumento de este tipo –que posiblemente se apegaría en sus normas a los acuerdos comerciales de segunda generación–, hay factores de orden político –de diverso orden– que podrían ser determinantes en las relaciones con la contraparte del eventual Acuerdo. El Ejecutivo debe analizar con objetividad el escenario –muy difícil– que se presenta bajo la visión política del actual gobierno de EE.UU en varios frentes y derivar las acciones ética y económicamente más convenientes.

Esto, junto a la definición de directrices mínimas de política comercial, al menos como punto de partida para su complementación en el diálogo que deberá involucrar al Estado, empresarios y también a los trabajadores. ¿Hay quizá una propuesta oficial inicial sobre estas materias, que finalmente apunte a favorecer el cambio de la canasta exportable de bienes y servicios en plazos razonables, según planes consensuados y con respeto a las normas internacionales? ¿No sería importante revisar la Ley de Comercio Exterior e Inversiones bajo nuevos objetivos? ¿Hay una hoja de ruta para un área que debe ser necesariamente transversal en la economía ecuatoriana?

Una vez más, pues, no hay a la fecha certezas respecto de la orientación que tendría el Plan Económico 2017-2021. Ecuador requiere un programa que favorezca el empleo y la mejor distribución, lo que depende de un marco jurídico sólido, finanzas públicas sanas, mejor inserción al mercado internacional y sobre todo, como en las economías modernas, previsibilidad de reglas. Esta es la vía para que repunten las inversiones y se favorezca el crecimiento económico. Hay que buscar el cambio de la estructura productiva, la innovación y mecanismos que sostengan la reactivación, con pragmatismo, equidad y consistencia temporal. En economía, los tiempos y la oportunidad son cruciales.