¿Ha avanzado el Gobierno venezolano en su proyecto político con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)? ¿Ha logrado Maduro estabilizar su gobierno? ¿Está listo para avanzar en la construcción del socialismo del Siglo XXI? Y de ser así, ¿cuál ha sido el costo que ha tenido que pagar?

Esas son las preguntas claves de la política venezolana. No obstante, las respuestas no parecen sencillas.

En primer lugar hay que reconocer (y diferenciar) que el Gobierno logró con su maniobra seudoelectoral disminuir las instituciones que se oponían al ejercicio ilimitado del poder. El video en el que la super-ANC retira la inmunidad, destituye y nombra un nuevo fiscal general de la República en tan solo 8 minutos, quedará registrado en los anales del gorilismo de los siglos XX y XXI. A su lado reposarán también las imágenes de la primera reunión de la ANC en el salón de sesiones del Parlamento. Sin embargo, ¿significa ello que el Gobierno logró avanzar en su proyecto utópico? ¿Logró arraigar su modelo de Estado, sociedad, política y economía?

El concepto de estabilidad de un régimen político es sumamente polémico para la Ciencia Política. Las teorías apuntan en al menos dos direcciones: la primera, señala que la estabilidad de un régimen depende del afianzamiento de sus valores y prácticas en la cultura política. Así, esta perspectiva nos pregunta ¿cuán legítimo es el Gobierno y sus instituciones? En el escenario venezolano ¿cuánta legitimidad ganó el Gobierno con la elección e instalación de la ANC?

La respuesta es evidentemente positiva para los demócratas: Maduro y su gobierno perdieron toda la legitimidad democrática que les quedaba. Ejemplo de ello es la (casi unánime) condena internacional que cambió, ahora sí, la denominación ambivalente de referencia al Gobierno por la etiqueta de “dictadura”.

A lo interno los costos son aún mayores. La imposición de la ANC logró la conformación de un frente amplio contra el Gobierno al acercar dos sectores que hasta el 29 de julio parecían desconfiar irremediablemente el uno del otro: opositores y chavistas no maduristas.

Maduro y su gobierno perdieron toda la legitimidad democrática que les quedaba. Ejemplo de ello es la (casi unánime) condena internacional que cambió, ahora sí, la denominación ambivalente de referencia al Gobierno por la etiqueta de “dictadura”.

El foro ‘En defensa de la Constitución’, realizado en la Universidad Católica Andrés Bello el pasado domingo 6 de agosto, en el que participaron dos diputados de la fracción del chavismo; la exdefensora del pueblo Gabriela Ramírez; el exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres; y la fiscal general Luisa Ortega Díaz, junto al presidente del Parlamento, Julio Borges; el vicepresidente, Freddy Guevara; y el gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles, entre otros, es una muestra muy clara de ello. Podemos decir que en Venezuela hoy solo existen demócratas y maduristas. Los primeros son abrumadora mayoría, representan todo el espectro político de izquierda a derecha y están trabajando juntos. Los segundos, un minoritario grupo autoritario atornillado alrededor del presidente Maduro para continuar gozando de los beneficios del poder.

Por su parte, la segunda perspectiva sobre la estabilidad de un régimen se pregunta si existe un actor con suficiente legitimidad que pueda retar las bases sobre las cuales se sostiene el actual sistema. En el caso del régimen madurista, los pilares de sustento son cada vez más la acción (e inacción) militar.

La respuesta aquí es mucho más difícil, pues es muy poco lo que se sabe con certeza del sector castrense, salvo la evidente degradación y los altos niveles de corrupción.

Aquí la pregunta clave permanece abierta: ¿existe dentro de la fuerza armada un vestigio de reserva moral con auctoritas para retar al alto mando?

De estos dos paradigmas el primero apunta al largo plazo. La tendencia de todo régimen es sincronizar valores e instituciones, ya sea cambiando los valores (resocializando) o cambiando las instituciones (transformando el Estado). El segundo, no obstante, apunta al corto plazo identificando cuáles son los actores claves que producen la resincronización política.

De momento solo podemos afirmar que el régimen y su ANC solo han logrado aumentar la brecha entre valores e instituciones, debilitando aún más la muy precaria estabilidad del régimen. (O)