Para evaluar el desempeño macroeconómico de los países, la literatura económica evalúa indicadores relacionados con cuatro frentes clave: la posición fiscal; la externa; los precios, los salarios y el empleo; y, el sector real. Este ha sido, para los economistas, el denominado “cuadrado mágico”, que finalmente se reflejará en las tendencias del Producto Interno Bruto (PIB).

Los planes económicos relacionan todas las variables que determinan el mejor comportamiento en cada uno de esos frentes, procurando establecer, también, puentes entre lo macro y lo microeconómico. Un plan coherente no se define por compartimentos estancos, pues las distintas variables interactúan entre sí y eventuales desajustes afectan las decisiones de inversión y las expectativas de los agentes.

De ahí la importancia que tuvo la exposición del presidente de la República, el 28 de julio último, pues se esperaba que dejaría advertir las orientaciones de base del Plan gubernamental de gestión de la economía 2017-2021. El presidente hizo algunos reconocimientos sobre las causas de la crisis económica, al cabo de 10 años de gestión del movimiento Alianza PAIS. Trató de precisar la situación en al menos dos de los frentes citados, el fiscal y el externo.

En el caso del primero, admitió la existencia de un abultado déficit fiscal, de casi un 8% del PIB en 2016 (cercano a 8.000 millones de dólares), que disminuiría a un 2% en este año (4.700 millones de dólares). Señaló la necesidad de aplicar correctivos basados en un plan de austeridad y optimización de la inversión pública, sin precisiones adicionales, salvo respecto de algunas que se instrumentarían desde ya (no precisó el cómo, específicamente) y de un Plan Económico en preparación, que se difundiría en septiembre de este año. Un plazo bastante largo, si se considera que su equipo económico es el mismo del gobierno anterior.

No obstante, en lo relativo a la posición externa, anotó que la deuda del Estado sería de casi 58.000 millones de dólares, en términos agregados. La nueva “estimación” oficial de la deuda contemplaría la deuda externa y la interna, lo que deja asumir que ya no se consideraría –para dimensionar las necesidades de pago– el concepto FMI de “deuda consolidada”, al que recurrieron las autoridades del régimen anterior en la parte final de su mandato. Tal concepto hizo que, en términos del PIB, la deuda represente menos del 30% al comenzar este año. El nuevo monto equivaldría ahora a más del 50% del PIB, muy superior al tope fijado por la Constitución, de 40%, lo que dejaba un margen importante para nuevo endeudamiento en plena época electoral.

Por cierto, no se puede comparar la capacidad de endeudamiento del Ecuador, con la de EE.UU., Francia, Bélgica, Japón, etc., que son economías con otra estructura, diversificación, capacidad de exportación de bienes y servicios, etc. Asumirlo es erróneo y peligroso: esto ha sido, parece, percibido recién, ante la inminencia de algunos vencimientos a corto y mediano plazos.

La negativa evolución del déficit público y de la deuda del Estado se registra en el período de la mayor bonanza externa experimentada por el país. Sin embargo, no hubo, a mi juicio, un análisis de prioridades.

No es cuestión de señalar que las obras respaldan las deudas contraídas. No. Esta percepción es una falacia y, como tal, negativa: las familias, por ejemplo, por un sentido de elemental aspiración al mejoramiento de sus condiciones de vida podrían proceder de la misma forma, lo que generaría dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones. Es lo que sucede a nivel nacional: en la coyuntura hay un “flujo de caja” absolutamente insuficiente, que lo impide. Y arrecian las dificultades, como ha sido expuesto.

La política fiscal debe ciertamente sujetarse a reglas. No se sugiere la aplicación de determinada regla-objetivo (¡hay varias!) en el marco del nuevo plan: se reitera solamente la importancia de aplicar un mecanismo de ordenamiento bajo un enfoque contracíclico basado en prioridades. Difiere esto de otras opciones que posiblemente radicalizaron el enfoque –restringir a ultranza el gasto hasta que se restablezcan los equilibrios–, y más bien relieva la conveniencia de procedimientos de política fiscal que tengan presente las perspectivas macroeconómicas, el carácter y amplitud de los ciclos, los flujos esperados de la caja fiscal y los objetivos de bienestar social. Con ponderación. Las reglas envían señales y regulan a la autoridad y al mercado, adaptando las expectativas de los agentes económicos y el interés general.

Es importante precisar el carácter del modelo a ser aplicado. De ello dependerá el comportamiento de los participantes en el mercado y su marco temporal.

Se debería a futuro planificar un ajuste progresivo, que no afecte a los sectores más vulnerables ni propicie la concentración de los ingresos, lo que podría derivar, por ejemplo, de la ya discutida “devaluación fiscal”, a la que nos referimos en una entrega anterior. Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía 2001, ha señalado que no hay, para el caso de la economía de Estados Unidos, por ejemplo, evidencia empírica que sostenga que la recuperación de la economía se daría vía aplicación de políticas de subsidios asumidos por el Estado. En el caso de las economías pequeñas, dice Stiglitz, tales políticas solo favorecerían a los consumidores externos y no propiciarían la innovación y el cambio de la matriz productiva, de lo que dependen las ganancias de productividad, eficiencia y competitividad.

Si no se aplican los correctivos idóneos, las tensiones coyunturales pueden también agravarse endógenamente. El mayor gasto, incluso en ausencia de alertas de origen externo, tiende a aumentar la propensión a importar. Estos desajustes pueden llevar siempre a compensar los déficit por la vía de la deuda, la utilización de las reservas internacionales o la aplicación de restricciones a las importaciones, que es lo que ha ocurrido. No se puede justificar decisiones de este tipo “ideológicamente”, cuando lo que debió hacerse es ordenar el esquema regulatorio en mercados imperfectos, con lógica, y teniendo presente las oportunidades internas y externas.

Esto pone sobre la mesa la necesidad de redefinir completamente la política comercial, entre otras, que sigue aún caracterizada por su inoperatividad y el recurso a arbitrios no compatibles con las necesidades de la modernización y el cambio de la matriz productiva (por cierto, ¿cabría insistir en la definición de un Fondo de Reconversión Industrial público-privado? Los ministerios de Industrias y de Comercio deberían explorarlo).

El arbitraje entre inflación, empleo y salarios sigue pendiente. En la esfera financiera se ha bosquejado solamente lo relativo al dinero electrónico. Sobre atracción de inversiones, movimientos de capital y régimen tributario no se difundieron más detalles.

Una vez más, es importante precisar el carácter del modelo a ser aplicado. De ello dependerá el comportamiento de los participantes en el mercado y su marco temporal. Los anuncios realizados en materia fiscal y externa dan pautas generales, pero lo esencial debe todavía ser definido. Hay que legislar para las generaciones que vienen y consolidar una democracia participativa, signada por la ética y la justicia. No por los intereses de siempre, que se apoyan, parece, en principios de fácil aceptación, que siempre se diluyen en el ejercicio del poder. No más. (O)