Por: Nadia Donadonibus | donado@gye.satnet.net

En el año 2004, en diferentes instancias de participación profesional sobre este tema (pocas en esa época), les advertí a las autoridades ecuatorianas sobre la inminente llegada de la heroína al país. Algunos desenlaces y cambios socioeconómicos como dolarización, emigración, pobreza y narcotráfico, convertírian al país en terreno propicio para la introducción y aumento del consumo de drogas más potentes. La experiencia de quienes hemos vivido este problema social en los años 70 en Italia, nos permitía pronosticar esta realidad en el Ecuador.

La antropóloga Jáuregui de la Universidad de San Antonio de Murcia, en uno de sus artículos expresa: “Para el toxicómano, la consumición representa el imperativo sobre el que gira toda su existencia, imperativo que puede conducir a transgredir toda ley, toda prohibición”.

Si la conducta adictiva se manifiesta con ese tipo de comportamiento no cambiaría de mucho el actual panorama epidemiológico con la eventual abolición de la tabla de consumo de drogas, ya que el adicto va a transgredir siempre la ley. Tampoco es correcto instrumentalizar la tabla como la causante del grave problema y aumento de la drogodependencia en el país y que con su abolición la situación va a mejorar.

Ante esta situación nace la pregunta: ¿Cuál es la realidad que debemos enfrentar?

Según los datos obtenidos en el reciente Proyecto de Prevención Precad, realizado como Fundación Ser Humano visitando de casa en casa 1.800 familias de la comunidad de Flor de Bastión y San Francisco, y extrapolándolo a la población ecuatoriana, obtuvimos que 400.000 personas necesitan tratamiento, siendo la capacidad actual de atención del Estado alrededor de una por cada mil personas, es decir, 400 personas por mes. Teniendo en consideración que el costo de la atención redondea los $ 1.000 mensuales por persona, esto totalizaría alrededor de 400 millones de dólares al mes. Considerando que el tiempo promedio de tratamiento oscila desde 3 a 6 meses, con índices de recaídas superiores al 50%, la situación se vuelve sombría y epidemiológicamente lo categoriza como una epidemia.

Previamente a decisiones apresuradas, es necesario cuestionarnos: ¿Con cuál infraestructura cuenta el país para atender a la actual demanda? ¿Están los profesionales del MSP preparados para asumir los tratamientos? ¿De dónde saldrían los recursos para cubrir estos largos y costosos procedimientos? ¿Es la metodología empleada actualmente la adecuada? ¿Existen programas articulados de prevención a largo plazo?

Una posible Estrategia Nacional sobre Drogas debe reconocer los importantes cambios de los últimos años, entre los cuales figuran la precocidad en el inicio del uso de sustancias, los cambios en el perfil del consumidor, un nuevo patrón de policonsumo, el surgimiento de nuevas sustancias en el mercado, el desarrollo de trastornos mentales que demanda atención como patología dual y la creciente importancia del tráfico de drogas como crimen organizado.

Es imperativo señalar que como primera medida se debe abandonar la actual línea política de reducción del daño por una de prevención del daño. Sobre esto la ONU observa que la prevención es el único método probado para reducir y evitar la drogadicción. Además de una nueva política sobre drogas, es necesario también crear e implementar una red de intervención de territorio que posibilite una óptima mediación de las operaciones y el aprovechamiento eficiente de todos los recursos.

Finalmente, la temática actual del consumo de droga, que apasiona a tantos con diferentes propuestas, debe ser evaluada epidemiológicamente antes de su implementación, a fin de activar los mecanismos científicamente idóneos y definidos. (O)

* MSc. en Conductas Adictivas.