Con motivo del juicio político al vicepresidente de la República, y la vergonzosa resolución de Alianza PAIS de oponerse al juicio antes de conocer las pruebas adicionales presentadas por los legisladores proponentes del enjuiciamiento, se le presenta al presidente de la República un histórico dilema: callar, no pronunciarse sobre el juicio, aduciendo que como presidente respeta la independencia de las funciones o, como director, condenar la decisión del partido, porque esta significa impedir el derecho que tiene el Ecuador de conocer la verdad; significa anular el discurso presidencial sobre perseguir la corrupción. Si calla, habrá aprobado la actitud del partido. Aquí lo que está en juego es la credibilidad moral del Gobierno, de la Asamblea, y de la Fiscalía, que tiene la información, pero la guarda celosamente. El enjuiciamiento no es condena, y el vicepresidente, si está seguro de sí mismo, de haber actuado correcta, responsablemente, debería usar el juicio para justificar sus actuaciones. Si rehúye el juicio, no tendrá la fuerza moral necesaria para continuar en su cargo. Hasta aquí, parece que lo que se busca es evitar que se hagan públicas muchas cosas de este repugnante entramado de corrupción; parece, además, que lo que más se teme es que este enjuiciamiento conlleve el enjuiciamiento, al menos moral, del principal responsable político, el expresidente Correa. Es inaceptable, contrario a la razón, que una comisión de la Asamblea sea la que juzgue el valor de las pruebas cuando esa es función del pleno de la Asamblea a la que le toca valorar las pruebas, juzgar y resolver. Además, el partido de gobierno tiene mayoría en la Asamblea. En estos días, en el Brasil, una Comisión acaba de pronunciarse en contra del enjuiciamiento por corrupción al presidente Temer, pero es su Congreso el que decidirá si lo enjuicia o no: la parte no puede ser más poderosa que el todo.

Está a ojos vista la lucha interna por el poder entre el presidente actual y su predecesor. Un ala del partido –notablemente la femenina– no solamente critica al presidente Moreno, sino que le ha dibujado una línea roja de la que no puede pasar. El expresidente conservará un gran poder mientras esté vigente la inconstitucionalmente aprobada reelección indefinida, que provoca esperanzas en unos y temores en otros. La inconstitucionalidad de la reelección indefinida debe ser declarada, si es necesario a través de una consulta popular. La división de lealtades al interior del partido puede ser resuelta mediante la muerte cruzada. En un país no pueden coexistir dos líderes en el partido de gobierno porque eso significa anarquía, carencia de autoridad. El actual vicepresidente –lo apreciamos en su discurso de despedida en el aeropuerto– se pronunció por la suprema autoridad del expresidente, que es quien puede librarlo del juicio político.

La desesperada situación económica –ya reconocida por el presidente– necesita de medidas radicales; no puede encontrar soluciones mientras se mantenga la incertidumbre política. Las medias soluciones no arreglan nada, solo difieren el problema, que luego se agrava todavía más. (O)