El Sr. Arbito descalifica el informe de la Fundación para el Debido Proceso que utilicé como fuente y exalta otros que van de acuerdo con sus intereses. Qué coincidencia que no menciona otros documentos que no le convienen. Por ejemplo, consideremos la carta que el director de Human Rights Watch José Miguel Vivanco envió a Gustavo Jalkh –ex ministro de Correa y ahora titular del CJ– en 2014: “La revisión del Poder Judicial estuvo a cargo de personas que, salvo un caso, son ex funcionarios del gobierno del presidente Correa. Dos de los tres miembros del Consejo de la Judicatura de Transición y los cinco miembros del actual Consejo de la Judicatura fueron anteriormente funcionarios de la presidencia de Correa”.

Además, el índice de Competitividad Global del World Economic Forum ubica a Ecuador en la posición 134 de entre 138 países respecto de la independencia del Poder Judicial. El índice de Estado de Derecho publicado por el World Justice Project también ubica a Ecuador en la cola: posición 91 de 113 y el Poder Judicial contribuye mucho a este triste resultado.

El informe de la Fundación para el Debido Proceso reporta múltiples casos en que se violó el debido proceso de los jueces sancionados. Finalmente, una encuesta realizada por la Universidad Central del Ecuador en diciembre de 2016 a un universo de 2.400 abogados, obtuvo entre sus resultados que solo el 9% de los encuestados considera que la justicia ecuatoriana es independiente del poder gubernamental.(O)

Gabriela Calderón de Burgos, Guayaquil