La necesidad de replantear aspectos legales, organizacionales, académicos, pedagógicos y sociales de la educación superior llevó a la formación de grupos de trabajo sobre el tema Universidad y sociedad, en los que participan docentes de diversas universidades públicas y pagadas del país. Ellos han divulgado un documento que con el título de ‘Lineamientos de políticas públicas para la educación superior 2017-2022’ recoge debates y diagnósticos realizados por investigadores preocupados por los impactos de las políticas de educación superior en los últimos años.

A partir de aspectos básicos plantean propuestas que surgen de la experiencia y del diálogo académico y pedagógico, que deben ser tomadas en cuenta en los reajustes que necesariamente deben darse, si se quiere que la educación superior cumpla con su objetivo.

Este comentario se centrará en lo planteado para “fortalecer el ingreso universal al tercer nivel de la educación superior (pública), adoptando políticas que favorezcan a grupos históricamente excluidos”.

Si realmente queremos que todos los ecuatorianos tengan igual oportunidad de realizar estudios superiores, lo primero que habría que hacer es asegurarnos de que la experiencia educativa previa coloca a todos en igualdad de condiciones, como eso no es lo que ocurre y todos los que alguna vez han recibido en sus aulas a jóvenes bachilleres que proceden de diversos colegios y ciudades lo saben bien, hay que buscar una solución remedial, que no es someter a todos a un examen estándar de admisión para el que muchos no están listos, no porque no tengan capacidad o porque no quieran estudiar, sino porque no recibieron antes la educación adecuada, por eso la propuesta de los grupos de trabajo mencionados es pertinente. Proponen un primer año o mínimo un semestre común, durante el cual tendrían acceso a asignaturas de distintas áreas del conocimiento, que los capacitaría mejor para elegir, entonces sí, la carrera que desean seguir, incluso planteándoles las opciones técnicas y tecnológicas.

Pero es necesario pensar no solo en el ingreso, sino en la permanencia en la universidad. Recuerdo a Roberto, un joven que con muchos problemas económicos logró graduarse de bachiller con las mejores notas, se presentó al examen que lo calificaría para ingresar a la universidad y obtuvo los puntos suficientes para matricularse en la Politécnica, lo hizo y culminó el primer semestre con buen rendimiento y excelentes notas, estaba muy contento. Lo volví a ver meses después y me contó que no estaba estudiando porque necesitaba trabajar para mantenerse y para mantener a su mamá que estaba sin trabajo y a sus hermanos. El documento que comento plantea concebir de otra manera el programa de becas y crédito educativo, que no solo debe cubrir la matrícula y la colegiatura, sino que debe considerar residencia, alimentación y transporte para quienes lo requieran.

Para la mayoría de los jóvenes que van a la universidad, permanecer en ella es un reto difícil, por eso los departamentos de Bienestar Estudiantil deben ser prioritarios y lo suficientemente flexibles y creativos para ofrecer programas que permitan a la universidad retener a jóvenes con actitudes y aptitudes para el estudio universitario. El problema no es solo el ingreso, es que lleguen a la graduación y si no conseguimos esto, la universidad no estaría cumpliendo su papel “de formación y reflexión crítica para una sociedad más plural, participativa y justa”. (O)