Tengo 86 años de edad. Desde el año 2012 sigo el juicio de trabajo Nº 281-2014, en la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Se me hizo justicia parcial con el fallo de primera instancia, que condenó a un demandado, pero debí apelar por no ordenarse pagar todo lo que correspondía. La Sala confirmó la sentencia y ahora, ilegalmente, ha concedido el recurso de casación a otro demandado y, lo que es más grave, a pesar de que no pidió aquel que se suspenda la ejecución del fallo, ni menos ofreció la garantía que la ley señala para el efecto, la Sala, infringiendo la norma, no dispone tal ejecución y cuando pido revocatoria de esa errónea decisión, lo niega y ordena que se envíe inmediatamente el proceso a la Corte Nacional de Justicia. Por ello se remite el expediente a la ciudad de Quito, sin estar en firme ese pronunciamiento. Pedí la nulidad de esa última providencia, por falta de motivación y hasta ahora no se provee mi petición.

Por lo expuesto, se han violado mis derechos y garantías constitucionales, de contar con una tutela judicial efectiva, expedita e imparcial.

Es grande el daño irrogado, soy un octogenario que percibe apenas una pensión de jubilado de $ 245,03 y necesito el poco dinero que se ha ordenado pagarme, habiendo transcurrido más de cuatro años desde que se inició el pleito.

Mi interés no es de que se sancione a los jueces, sino que se enmiende el craso error cometido, pidiendo la Sala el expediente a la Corte Nacional de Justicia, a fin de despachar mi último petitorio y ordenar que se ejecute la sentencia. Espero también que el Consejo Nacional de la Judicatura, al que estoy denunciando la infracción, tome las medidas pertinentes. (O)

Feliberto Puente Roque,
Guayaquil