En los últimos días, más que nunca hemos hablado de la corrupción y de la necesidad de luchar contra ella, lo decimos en las tertulias familiares, en los encuentros de amigos, en los ambientes de trabajo y, por supuesto, ha aparecido en todos los discursos políticos junto a la promesa de vencerla y sancionarla “caiga quien caiga”. El caso Odebrecht, que no es el único ni el más grave, ha sido el detonante, pero quizás sea también el que nos haga dudar de las promesas si no se cambian actitudes.

El artículo 562 del Código Orgánico Integral Penal dice: “Las audiencias son públicas en todas las etapas procesales. Son reservadas las audiencias sobre delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y contra la estructura del Estado Constitucional”. Sin embargo, un juez de garantías penales, a pedido de la fiscal de la Unidad de lucha contra la corrupción, tomó la decisión de declarar reservado el expediente judicial en la causa que se sigue contra Ricardo Rivera y otras cinco personas vinculadas en el caso Odebrecht. El delito por el que se lo juzga ha sido definido como de asociación ilícita, el cual no aparece entre los que se considera que atentan contra la estructura del Estado Constitucional, y constan en el Código Integral Penal, desde el artículo 336 hasta el 364. La abogada del enjuiciado ha rechazado la decisión de la reserva.

Ante este hecho los ciudadanos nos planteamos algunas preguntas: ¿es posible que un juez aplique prerrogativas que la ley otorga a un tipo de delitos a un delito diferente?, ¿por qué y para qué el secreto en un caso que atañe a toda la ciudadanía? ¿cómo se inscribe esa decisión en las reiteradas declaraciones y ofertas de transparencia en el combate a la corrupción?

La asociación ilícita no atenta contra la estructura del Estado Constitucional, pero juzgar en secreto a algunos culpables de ella sí atenta contra la estructura moral de la nación.

Los criterios éticos de la persona se desarrollan en contacto con la sociedad en la que se nace, se crece y se vive, sociedad que ya tiene sus valores, principios, costumbres, en la que se ejerce la libertad en cada decisión y, a su vez, la suma de esas decisiones va formando la mentalidad social.

Para volver al caso que nos ocupa, el mensaje a la sociedad es: no importa lo que la ley diga, podemos convertir una cosa en otra y por arte de magia un delito puede convertirse en lo que no es; no importa el enriquecimiento ilícito, no tiene importancia comerciar con los bienes del Estado y los ciudadanos no tienen derecho a conocer la verdad de estas conductas ni el entramado que las cobija, la justicia protegerá los nombres de los culpables. Y en esta sociedad se forma y crece la conciencia ética de los ecuatorianos que formamos la nación.

¿Estamos realmente combatiendo la corrupción o estamos creando espacios para que crezca? (O)