Un juez de garantías penales, a pedido de la fiscal de la Unidad de Lucha contra la Corrupción, declaró reservado el expediente judicial del caso que se sigue a Ricardo Rivera por supuesta asociación ilícita, que permitió el pago de la empresa Odebrecht a funcionarios ecuatorianos para recibir contratos del Estado. El juez justifica su decisión en que considera que el delito se ubica entre los que atentan contra la estructura del Estado.

El artículo 562 del Código Penal dispone que las audiencias en todas las etapas procesales sean públicas, excepto cuando se trata de “delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y contra la estructura del Estado constitucional”. La asociación ilícita no aparece entre los delitos que podrían atentar contra la estructura del Estado.

La decisión del juez atenta, eso sí, contra la transparencia que los ecuatorianos esperamos en las acciones destinadas a dar a conocer y sancionar los hechos de corrupción cuyas consecuencias causan graves daños económicos y éticos al país. (O)