Los servidores públicos de carrera, que conocen los procesos de su institución, deben cuidar del presupuesto del gobierno central y local, ejecutado en su inmensa mayoría a través de la iniciativa privada: vías, aeropuertos, escuelas, hospitales, servicios de movilidad y peaje, publicidad, sonido e iluminación, catering, equipamiento urbano, estudios... La libre remoción debe limitarse a pocos asesores, seleccionados por méritos y experiencia específica. El servidor de carrera debe ocupar niveles directivos y gerenciales, responsabilizándose desde los ‘términos de referencia’ de una contratación, y vigilando todo el proceso. Ojalá Contraloría restablezca los controles previos. Y todos, servidores y libre remoción, debieran ser evaluados por su superior jerárquico y sus subordinados, con indicadores de gestión de calidad, oportunidad, cobertura, eficacia y eficiencia, así como por la ciudadanía con indicadores de transparencia, no discrecionalidad y no abuso de poder. (O)

Diego Valdivieso, Econ., M.Ed.M.Sc., Quito