El miércoles, un fiscal llegó a la Contraloría para investigaciones “por delito flagrante”, según dijo. También lo hizo la Policía que bloqueó los accesos a las instalaciones y prohibieron la entrada y salida del personal.

Antes se produjo la pugna entre Celi, contralor subrogante, y una funcionaria, a quien el contralor, ausente, había nombrado para el cargo de Celi, y a este le notificaba su destitución en un documento que le entregaron ese día. Él no aceptó, rompió el documento y asumió la función.

Celi explicó que la Policía era para “evitar que un suceso que creaba algo anómalo afectara a la documentación que tiene alta sensibilidad y responsabilidad de la institución”.

Las operaciones para combatir la corrupción dejan al descubierto una cara de la institucionalidad del país. Un contralor investigado por la Fiscalía por presunta concusión, a quien se le allanó la casa pero no la oficina, el espectáculo de la pugna por la subrogación y la necesidad de la Policía para proteger la documentación; precisamente, en la institución encargada del control del recto uso de los fondos públicos. Suficiente para que entendamos que tenemos la obligación ciudadana de seguir con atención este proceso y de plantear la necesidad de correctivos adecuados. (O)