No crean que la labor de “escribidor” es sencilla, ni aquí ni en ninguna parte. Más todavía cuando, como en el caso presente, el que está sentado frente al teclado no tiene el talento necesario y a lo mucho expresa unas cuantas ideas mal estructuradas en su precaria prosa. A las obvias limitaciones propias, hay que añadirles factores exógenos como la evidente represión de la información y opinión por parte de los espurios entes de control creados en la Década Ganada, encargados de la bastarda tarea de encorsetar al pensamiento que disienta con el credo oficial. El columnista no puede dejar de pensar al finalizar su artículo, si sus ideas expuestas en un espacio que debería ser de su total y absoluta responsabilidad, no traerá problemas vía sanciones, multas o incluso procesamientos judiciales al medio con el que colabora, así como si su propia integridad jurídica no se encontrará en peligro. Cuando se atreve a confrontar al poder no lo hace libremente, sino coaccionado por sus valores, que en su balanza pesan mucho más que sus naturales miedos. Lo hace porque sabe que no está aquí para callar, porque no le da el cuero para morderse la lengua, viendo todas las injusticias que día a día se comete.

Escoger el tema por tratar es el primer reto, especialmente en un país como el nuestro en el que cualquier cosa puede pasar y donde uno puede morirse de todo, menos de aburrimiento. En los países del primer mundo, normalmente se genera un tema noticioso central y sobre este se tratará y analizará por semanas. Acá puede generarse hasta cinco escándalos diarios y al día siguiente ser opacados por cinco más. A este prolífico florecimiento de noticias contribuye nuestra clase política con su habitual folclorismo, que más que a los conceptos, alimenta el anecdotario. Así, no es raro que un presidente de la República diga que las coimas pagadas por un contratista del Estado no incrementan el costo del contrato o, mejor aún, que un millón de dólares recibidos por un funcionario gubernamental de una empresa constructora acusada de corrupción transnacional es un “acuerdo entre privados” y no un caso de cohecho y enriquecimiento ilícito evidente. Este mismo personaje, quien lideró una de los gobiernos con mayores cuestionamientos por corrupción de la historia, también pudo decir muy suelto de huesos, que si algo ha marcado su mandato es la honestidad.

Los acontecimientos acá se suceden a velocidades de vértigo. Basta despertar, como para enterarse que han allanado 18 inmuebles, incluidas las residencias del contralor general del Estado y de un tío del vicepresidente de la República o que el nuevo primer mandatario ha decidido conformar un frente anticorrupción repleto de incondicionales del gobierno anterior y al que los poquísimos escogidos que no tenían cercanía con el poder gubernamental se negaron a integrar. Cuando creíamos haberlo visto todo, resulta que la nueva mayoría de la Asamblea de extracción netamente gobiernista, en su primera votación y en un bautizo a sangre y fuego, se allanó al veto emitido por Correa, en el que se abre paso a la introducción de semillas transgénicas, con lo cual, además de vulnerar lo dispuesto en el artículo 401 de la Constitución que declara al Ecuador libre de cultivos y semillas de estas características, se cargan todo resquicio de discurso de soberanía alimentaria y protección del medio ambiente. La transnacional Monsanto nunca fue mejor servida que por nuestros socialistas del siglo XXI.

¿Será que debo escribir sobre el delirante proyecto de ley reformatorio al Código de la Niñez, en el que no puede partirse de presupuestos más falaces y miserables, dichos además con la habilidad de sofista que a lo largo de 10 años desarrolló profusamente el expresidente? “El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la manutención… de sus hijos e hijas comunes” nos dice el artículo 100 del proyecto, referente a la corresponsabilidad parental, lo cual dicho rápido y sin análisis hasta nos puede sonar bien, pero cuando analizamos la norma propuesta fuera del discurso y desde datos reales, resulta que exigimos igualdad de obligaciones cuando la mujer sistémicamente recibe ingresos casi 40% inferiores que el hombre, tiene menos posibilidades de acceso al mercado laboral y en muchos casos debe resignar su desarrollo académico y personal por la crianza de los hijos. ¿Tenemos una sociedad igualitaria en la que podamos exigir igualdad de responsabilidades? Ridículo, ¿cierto? Como estúpida resulta también la exigencia de “rendición de cuentas”, a quien administra la pensión alimenticia (en el 99% de casos la madre), en un país donde la pensión mensual promedio que efectivamente reciben los menores es de $ 54 y en el que casi el 90% de los hijos e hijas reciben nominalmente menos de 300 dólares y casi 1 de cada 3, menos de 100 dólares mensuales. Se dice que debe juzgarse los valores de una sociedad por el trato que da a sus niños y si es así, nosotros somos de vergüenza. (O)

 

... resulta que exigimos igualdad de obligaciones cuando la mujer sistémicamente recibe ingresos casi 40% inferiores que el hombre, tiene menos posibilidades de acceso al mercado laboral y en muchos casos debe resignar su desarrollo académico y personal por la crianza de los hijos.