Toda democracia debe preguntarse ¿quiénes son sus bases sociales? ¿Sobre qué dinámicas sociales se asienta? La democracia no solamente es elecciones libres, periódicas y competitivas entre ciudadanos iguales. Es también vocación por la igualdad social y las oportunidades, por equidad en los servicios. De pueblos que se autodeterminan en un contexto de libertad.

El Estado juega un rol importante en la conformación de las bases sociales de la democracia. Las políticas sociales no son neutras y se conducen por objetivos precisos. Objetivos sociales: ¿Qué actores estratégicos fomenta? Objetivos políticos: ¿Qué alianzas y oposiciones estimula? Objetivos económicos: ¿Cómo se condicionan la política social y la política económica?

En la última década, la estrategia social se basó en el gasto estatal como motor, realizado rápidamente como las obras construidas 24/7, que aunque más costosas permitieron efectos demostrativos electorales, ejecutadas mediante contratación en régimen de emergencias –que probablemente las encareció y oscureció su asignación–, generando un sistema clientelar inédito a través de agentes públicos que intercambiaron obras por votos y bajo una forma de experimento en que el error o el acierto se escondieron bajo recursos públicos. En resumen, cabe preguntarse acerca de la calidad de ese gasto (cuestionado técnicamente en muchas ocasiones) y la evaluación de sus resultados desde el punto de vista de los objetivos nacionales.

El resultado más cacareado fue la lucha contra la pobreza. Toda América Latina se benefició de una década de altos precios de sus materias primas. Y tuvo buenos resultados en la pobreza. Unos más y unos menos, dentro de un rango. Unos lo ligaron a un modelo económico más liberal, mientras que otros a uno más estatista. Unos países pretenden que sus resultados son más sustentables. En todo caso, en una fase de auge económico, con la mayor cantidad de excedentes de la historia republicana, el renombrado éxito ecuatoriano se opaca. ¿Es sustentable la política social sin una política económica congruente de creación de empleo, sin que el empleo sea solo dependiente directa o indirectamente del gasto público?

El primer empujón en la lucha contra la pobreza en Ecuador se dio desde 2002, luego de la gravísima crisis nacional. Fue veloz, más veloz que el que vino después de 2007. Pero claro. Siempre es más fácil luchar contra la extrema pobreza –especialmente reciente– que respecto de los otros segmentos de la pobreza. Pero, para descargo, con tantos recursos… Y, además, con un componente subjetivo. La política comunicacional del régimen logró convencernos de que somos más ricos (o menos pobres) de lo que realmente somos (o potencialmente somos).

Hay que fijarnos en los últimos dos años. La población pobre se ha incrementado por la recesión. La comunicación gubernamental trató de convencernos de que esta recesión es la única que no modifica al empleo sino que incluso lo crea. Lo cierto es que ha crecido la población pobre, en especial la extremadamente pobre. Y un segmento amplio de ingresos medios se encuentra en el umbral de la pobreza. Podría entrar en ella de modo súbito. Y peor aún con una crisis que también podría destruir amplios segmentos de aparato y empleo productivos.

Debemos fijarnos menos en el desempleo y más en el movimiento entre el empleo inadecuado (gente que trabaja menos horas y en malas condiciones) y el subempleo. Los dos han crecido considerablemente. Esto echa por tierra la política de formalización laboral del régimen, para la que se consumen los ahorros de los asegurados, cuando no convierten esos ahorros en volátil cooperación económica al gobierno.

Hubo un segmento al que no le llegaron los beneficios del crecimiento. Parte de la población indígena ubicada en parroquias rurales de la Sierra no tuvo modificaciones en sus niveles de pobreza por ingresos, pese a que se les cercó de servicios e infraestructuras. Más allá de esa lacerante situación, estos son efectos de la estrategia de lucha contra la pobreza del régimen.

Un experimento fracasado en África fueron las “aldeas del milenio”. Consistió en la aglomeración de servicios modernos ubicados sobre poblaciones pobres. El fracaso vino cuando el Estado se retiró y esas poblaciones, que sin enlaces con la economía real, se reinstalaron en la pobreza de la cual partieron. Es decir, los estímulos sociales del Estado sin un vínculo con la economía están destinados a disolverse. Aunque quizás solo se conserven los beneficios, como puede ser nuestro caso, en las remembranzas políticas, vías para el eterno retorno.

A la población se le ofreció servicios sociales ligados a nuevos consumos, que no había tenido acceso en el pasado. Justo el acceso. Injusto el espejismo. Así, un día tuvimos nuevos hospitales, escuelas del milenio, becarios en doctorados. El país aún no dispone de una justa evaluación de dónde se emplean los becarios, si es óptimo el gasto en salud o si se ocupan las escuelas del milenio. La inversión social sin respaldo congruente en la economía es una oferta colonial de espejos por nuevos conquistadores políticos. Los sectores populares que un día amanecen en el consumo insostenible, en otro pueden dormir en el hambre persistente. La responsabilidad está en el sustento de la política social.

La gran orientación, no solo de Ecuador, fue el incremento del consumo. Amplios segmentos de la extrema pobreza entraron al segmento de pobres, mientras que grupos pobres ingresaron a los segmentos de ingresos medios. Accedieron a los consumos de los sectores medios pero no se conformaron como clases medias propiamente dichas. Esto es, no pudieron adoptar funciones como asegurar la cohesión social y la integración política.

El modelo económico no va más. La estrategia social basada solamente en la aglomeración de modernidades asentadas en el gasto público sin relación con la política económica ha fracasado.

La sobrerreglamentación que parecía ahogar a la empresa privada no impidió altos niveles de rentabilidad. Por un lado, los mecanismos de redistribución fueron amenazas que generaron desconfianza. Por otro lado, finalmente fue más efectivo el excedente petrolero que la redistribución. Así, la política pública gestó en el peor de los mundos posibles: creó condiciones para altos niveles de ganancia pero sin su contrapartida de responsabilidad social, la inversión.

Varios temas se quedan en el tintero. Algunas políticas de adorno y otras que tendieron a la estatización de los actores. Sin embargo, una rápida referencia a la acción del régimen para destruir a los movimientos sociales históricos como condición para atraer a la inversión que idealmente aspiraban. La destrucción de esos actores fue la condición de las estabilidades política y social que previó la planificación. No consiguieron destruir a los actores sociales, pero sí generar a sus cartas de reemplazo. De pronto, el país se vio inundado de organizaciones para-estatales de maestros, trabajadores, campesinos. De un coro social y político.

La política social puede ser una enorme locomotora que provoca movilidad social cuyo sentido puede ser ascendente. Pero también descendente. El país ha entrado a esa disyuntiva. El modelo económico no va más. La estrategia social basada solamente en la aglomeración de modernidades asentadas en el gasto público sin relación con la política económica ha fracasado. ¿Cómo abordar a la política social? Lo cierto es que la infraestructura económica se puede vender. Pero la infraestructura y los servicios sociales no se deben vender.

(O)