El desarrollo de las naciones en los últimos años se ha vinculado, sin duda, a la mayor integración de sus economías al mercado mundial. En el caso del Ecuador, al depender su crecimiento de los flujos externos de capital –por el esquema monetario vigente–, esa inserción –por la vía del comercio– resulta inaplazable.

El comercio internacional influye sobre las inversiones productivas y financieras y la transferencia de tecnología. Los países que más exportan son los que más crecen (Chile, Perú, Colombia, por ejemplo). Economía de mercado, disciplina macroeconómica, regulación equilibrada y apertura han sido bases de un progreso tangible asociado a los intercambios con el exterior.

Para Ecuador es urgente una Agenda de Política Comercial que defina objetivos de largo aliento y precise el alcance de la gestión del Estado y de los distintos actores, en los ámbitos de la producción y exportación de mercancías, suministro de servicios (¡sector olvidado!) y atracción de inversiones.

Para ello hay que superar, de partida, la controversia intervencionismo-libertad de mercado, pues estas pueden complementarse fácilmente. La discusión debe centrarse en la división de responsabilidades entre Gobierno, sector privado y trabajadores y la eficiencia con la que cada uno realiza su propia tarea.

El comercio internacional exige proactividad y especialización. De ahí la importancia de las estrategias “país por país” y “producto por producto”. Los acuerdos comerciales pueden cumplir un papel decisivo tras esos fines, por lo que hay que explorar distintas posibilidades (acercamiento a EE.UU., Alianza del Pacífico, Japón, países de Asia, CAN, Aladi, entre otros). Pero si la canasta exportable de bienes y servicios no se diversifica, su impacto será mínimo. Los mismos productos, ya “clásicos”, pronto encontrarán sus propios límites.

Los modelos realmente exportadores suponen: i) un Estado incitador de inversiones en actividades cuya producción se orienta a la venta al exterior; ii) la aplicación de políticas consistentes en el tiempo; iii) inversiones en desarrollo tecnológico y capital humano; iv) capacitación técnica e ingeniería de mercados, para crear capacidades y competitividad; v) el acceso a mercados-objetivo; vi) apoyo a las Pymes; y, vii) nuevamente, un entorno macroeconómico estable. Esto, en un marco de credibilidad en las políticas públicas y en consensos público-privados y laborales.

Hay un ciclo que también debe ser estimulado: el del cambio tecnológico-productividad-competitividad. Este favorece la disponibilidad de mano de obra calificada; el aprovechamiento óptimo de la infraestructura; y, la paralela consolidación de un mercado de capitales público y privado. Uno de sus pilares podría ser un Fondo de Reconversión Tecnológica, que sostenga el objetivo exportador y apoye la racionalización de las importaciones.

Para Ecuador es urgente una Agenda de Política Comercial que defina objetivos de largo aliento y precise el alcance de la gestión del Estado y de los distintos actores, en los ámbitos de la producción y exportación de mercancías, suministro de servicios y atracción de inversiones.

Sin una Agenda de Política Comercial no habrá resultados positivos. Las acciones claves deberían focalizarse en: i) la integración de la política comercial en un Plan de Desarrollo Económico de Largo Plazo; ii) un enfoque exportador basado en el monitoreo de opciones identificadas “país por país” y “producto por producto”, para bienes y servicios; iii) fuentes de financiamiento para reconversión industrial y agrícola y creación del Fondo de Reconversión Tecnológica; iv) estímulos a nuevas inversiones e inversiones de reconversión; v) políticas agrícola, industrial y de servicios volcadas a la competitividad externa; vi) apoyo a las Pymes; vii) mecanismos de internalización de los costos ambientales (y precisión del costo ambiental de las exportaciones); viii) racionalización del sistema tributario; ix) una nueva Ley de Comercio Exterior e Inversiones y de la normativa vinculada; x) redefinición de los canales oficiales y privados de promoción del comercio exterior y de las inversiones; xi) apoyo al comercio internacional desde las superintendencias de Bancos, Compañías y Corporación Financiera Nacional; y, xii) estímulos a nuevos polos exportadores (actividades y regiones), entre otras.

Hay que consolidar las exportaciones tradicionales y diversificar la oferta exportable por la vía de la reconversión tecnológica de las industrias. Es el reto de la modernidad siglo XXI: tales objetivos demandan una nueva cultura, institucionalidad y formación especializada de los distintos agentes. Hay que considerar que la mayor generación de valor agregado depende de la innovación en las cadenas de valor, lo único que favorece cambios en la matriz productiva. Las exportaciones no pueden reproducir, en el futuro, la realidad de los últimos años: casi el 75% de las exportaciones es, según el BCE, explicado por los mismos pocos ítems.

La reconversión tecnológica impone un reto adicional: preservar y generar más empleos productivos en los sectores de bienes y servicios. Agroindustria, pesca, servicios (turismo en particular), transporte, hardware y otros ofrecen varias posibilidades. Claro, si los involucrados lo asumen con responsabilidad social y si el Estado lo hace con respeto a las libertades, en un marco de adecuado entendimiento de la soberanía. (O)