El Programa Mundial de Alimentos de la ONU acaba de anunciar que la malnutrición cuesta anualmente al Ecuador 4.300 millones de dólares, equivalente a 4,3% del Producto Interno Bruto. La desnutrición, el sobrepeso y la obesidad le costaron solo a nuestro sistema de salud 1.487 millones de dólares en 2014.

La malnutrición endémica de nuestro país le debe mucho a un gobierno que buscaba coordinar, plantear metas y ejecutar, y por tanto podría haberla combatido, pero que cuyas continuas contradicciones no lo iban a permitir. Mientras Chile subía el impuesto a las bebidas azucaradas a 18%, nuestro gobierno celebraba la próxima construcción en Ecuador de la segunda embotelladora más grande de gaseosas en América Latina. Cuando al igual que en otros países nuestro Programa de Alimentación Escolar había alcanzado cierto equilibrio entre la actuación de las madres y padres, la producción local y la satisfacción de la necesidad, se lo simplificó drásticamente.

Hoy, los niños y jóvenes ecuatorianos del sistema escolar público consumen a diario los productos endulzados y saborizados artificialmente, preparados con soya transgénica, del PAE (Programa de Alimentación Escolar). Ya anunciará el Gobierno que eso va a cambiar, pero parece que la profunda falta de comprensión del problema nos destina a seguir igual.

Debido a la desnutrición, 24% de nuestros niños menores de 5 años tiene retraso en su crecimiento, pero los centros de salud continúan entregando suplementos nutricionales que ni son consumidos ni parecen tener el efecto esperado. La respuesta usual es que el problema reside en que las personas no siguen las recomendaciones; entonces se contratan estudios culturales con los que se pretende adaptar los lineamientos nutricionales para reintroducirlos en la población.

Sobra decir que la malnutrición en Ecuador se debe a una combinación nefasta de pobreza e inequidad, ante la cual poco pueden hacer programas que abordan determinantes inmediatos de la salud, como la escasez de alimentos nutritivos. Pero, como señala un estudio, una iniciativa como el etiquetado, que podría contrarrestar ciertos hábitos alimenticios, en Ecuador se diluye por la falta de tiempo y habilidad lectora de los compradores. Tampoco se trata de mejorar el nivel académico de la población o taladrearnos con conocimientos nutricionales.

En 2015, el Gobierno asignó 473 millones de dólares para los siguientes cinco años de “intervención” en la alimentación escolar. Lo lógico es que el PAE, primero que nada, deje de distribuir en escuelas y colegios productos procesados que están asociados justamente con el sobrepeso. Más importante aún, debe coordinar adecuadamente el desayuno o almuerzo escolar con la producción local para fomentar el agro, incrementar la justicia social, localizar los conocimientos alimenticios y contribuir a la soberanía alimentaria.

Para trascender las buenas intenciones y sugerencias desagregadas de organizaciones, instituciones o expertos, es fundamental entender, por ejemplo, que un programa como el PAE, que tal vez fomenta la retención educativa, está contradiciendo todos los principios de una buena nutrición. Descentralizar este programa resultará menos eficiente en materia de distribución de alimentos y puede dar pie a perversiones del pasado, pero su considerable presupuesto podría impulsar una estrategia que se replique en otros ámbitos, como el comunitario. (O)