Quienes hemos trajinado por la docencia universitaria y la investigación académica en el Ecuador, sin duda conocemos a cabalidad el concepto de vía crucis. Los retos son de diferente orden y en su mayor parte dependen de variables que se encuentran fuera de nuestra esfera de control. El problema económico, que en última instancia se constituye en el principal óbice para desarrollar cualquier iniciativa, no es, sin embargo, el único, pues la “lógica” de la que parten algunos de nuestros entornos universitarios, simplemente garantiza que los productos investigativos no lleguen jamás.

Y es que los problemas comienzan en la formación universitaria del futuro docente. La universidad pública, que es desde donde deben generarse las grandes transformaciones académicas, tradicionalmente se ha preocupado más de temas políticos, producto de lo cual desde hace muchos años y hasta la presente nos vemos abocados casi de manera permanente a elegir diferentes dignidades para su dirección, tanto a nivel de profesores, como de estudiantes. Consejos universitarios, consejos de facultad, asociaciones de profesores, asociaciones de estudiantes mantienen a docentes y alumnos en ejercicios constantes de democracia directa y en una suerte de comicios permanentes. Mientras tanto la investigación brilla por su ausencia.

¿Qué estamos haciendo mal? Pues mucho, y sobre todo cometemos los mismos errores de nuestros equipos de fútbol, esto es no prestar atención a las divisiones formativas. ¿Cuántos de los nuevos docentes de las universidades públicas se han formado en estas? Pues una señalada minoría, ya que para cumplir con los porcentajes de profesores con maestrías y doctorados, se ha incorporado a profesionales que con su esfuerzo y el de sus familias han logrado formarse académicamente. La mayor parte de dichos docentes provienen de estratos socioeconómicos entre medios y altos, lo cual explica que hayan podido continuar sus estudios en otros países.

¿Qué pasa con los alumnos de la universidad pública? Pues muchos se ven obligados desde que cursan la carrera a trabajar y ganarse el sustento, para sí y quienes dependen de ellos. ¿Pueden salir a estudiar fuera del país? Muy pocos, pues los fondos familiares no alcanzan para ello y la falta de acceso a becas, que en carreras como la de derecho simplemente no existen, impiden que puedan continuar con su formación y permanecer por varios años fuera del país.

Este problema se replica en la fase docente, en la que además se exige a los profesores que realicen investigación académica y publiquen sus trabajos. ¿Cuánto de la formación del nuevo docente que viene con maestría o doctorado ha pagado la universidad pública? Pues cero o casi cero. Esperamos que por arte de magia caigan del cielo los PhD y podamos aprovechar que todavía hay quienes creemos en la necesidad de estudiar formalmente. Por supuesto, me dirán que antes las cosas estaban mucho peor en materia de elección de docentes y tienen razón. Las únicas vías para acceder a la docencia universitaria pública eran el carné del partido político o la relación familiar con profesores y decanos. Los concursos no podían ser más impresentables y las comisiones de designación se armaban bajo la lógica de “yo elijo a tu hijito y tú nombras al mío”. Así, nos llenamos de profesores sin formación posgradual y menos aún productos de investigación, que pensaban que mandar a leer el periódico en un día determinado, sacar copias de un expediente judicial o conseguir un registro oficial, era “investigación jurídica”. Todavía tenemos alguno por ahí que mandan a transcribir sentencias a mano, seguramente como mecanismo para mejorar la caligrafía de los estudiantes.

¿Se puede hacer investigación seria en el país, al menos en ciencias sociales? Pues muy difícilmente, empezando porque el pobre profesor que quiere investigar se va a encontrar con que su facultad no tiene una biblioteca que pueda garantizar mínimamente conseguir su cometido. Entonces se ve obligado a sacrificar parte de su presupuesto personal y familiar, en la adquisición de libros, lo cual además de caro resulta terriblemente demorado. Obviamente nada de esto se ha tomado en cuenta cuando se establecieron parámetros de evaluación similares a los europeos para la categorización docente. Sin bibliotecas no se puede escribir nada en forma, y esto aplica para profesores y estudiantes.

Organizar un congreso académico es otra aventura, apta solo para corazones fuertes. En el caso de la universidad pública, por la limitación de recursos y en el de las privadas y gremios profesionales, en muchos de los casos, es el criterio de rentabilidad lo que determina si un evento se hace o no. El valor académico se evalúa desde la perspectiva de “pérdida-ganancia”, como si se tratara de un hornado solidario. Afortunadamente las perspectivas de estudiantes, docentes y profesionales han cambiado mucho y la exigencia de calidad es cada vez mayor. (O)

 

¿Se puede hacer investigación seria en el país, al menos en ciencias sociales? Pues muy difícilmente, empezando porque el pobre profesor que quiere investigar se va a encontrar con que su facultad no tiene una biblioteca que pueda garantizar mínimamente conseguir su cometido.